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Ante el episodio ocurrido en la antigua sede de la Unión General de los Trabajadores (UGT) ubicada en el número 88 de la calle Hortaleza, el sindicato no nos ha querido ofrecer una entrevista, ya que "no quieren darle más bombo al asunto", pero sí que nos ha trasladado cinco puntos clave en torno a la 'okupación' y consiguiente desalojo de la Oficina de los Derechos Sociales, La Ingobernable.

En primer lugar, apuntan que no se trató de una 'okupación', sino de un "allanamiento". El desalojo, "rápido, necesario" se debió, según el sindicato, a que las alarmas del Convento saltaron avisando a la Policía, "que tiene la obligación de actuar cuando hay una denuncia de intrusión". No sería, pues, un 'desalojo express', sino más bien "una actuación ante la comisión de un delito grave".

Prosiguen recordando que "el edificio es patrimonio privativo de la organización. No es patrimonio sindical cedido. Se pagó con nuestras cuotas". Así, apuntan que si los movimientos sociales quien un local, "que lo soliciten al Gobierno de Ayuso o Almeida, cuyas políticas gentrifican Madrid y su entorno. O que se lo paguen ellos con sus cuotas", sentencian.

En cuanto a la legitimidad de su actuación, apuntan que ha sido "en defensa de sus intereses" y de los de aquellas personas afiliadas, "únicas propietarias del patrimonio privativo de la organización, que son los legítimos propietarios de los inmuebles propiedad de la organización".

Otro de los aspectos a destacar es que "el Sindicato, a través de os órganos democráticos decide sobre los asuntos que son de su interés, entre ellos la gestión de su patrimonio. No vamos a permitir que nadie, y menos por la fuerza, nos imponga a qué dedicar nuestros recursos".

Finalmente, acaban la exposición de motivos de una manera contundente y muy crítica con la Oficina de Derechos Sociales, La Ingobernable:

"La vía más fácil era atacar nuestros bienes, en una ciudad con cientos de edificios abandonados propiedad de fondos buitres, multinacionales, sicavs y fondos de inversión, que languidecen frente a las políticas de borrado social de 24 años de gobiernos del PP. Atentar contra los bienes que las trabajadoras y trabajadores han obtenido con su fuerza del trabajo no es izquierda, es una acción que desestabiliza y divide, frente a una derecha que no duda en unirse para atacar a la clase trabajadora y al movimiento obrero".

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