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El Pleno ha aprobado esta mañana, por unanimidad, el Plan Especial de Incremento y Mejora de las Redes Públicas en Barrios de Promoción Pública. Este proyecto afecta a los interbloques de 45 barrios residenciales de 13 distritos, construidos por diferentes organismos públicos entre los años 50 y 80, gestionados por la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (IVIMA).

La superficie afectada por el plan supone un total de 60.479 viviendas y una población de 141.769 personas. Los bloques están localizados en su mayor parte en los distritos del arco exterior a la M-30 comprendido entre las autovías A-2 y A-5. La mayoría se ubican en Usera, Puente de Vallecas y San Blas-Canillejas.

“Son espacios que han sido olvidados durante décadas, desprovistos de los adecuados servicios de limpieza y carentes de posibilidad de ejecutar cualquier obra de conservación o de mejora al no estar definida su calificación urbanística ni su titularidad”, ha explicado Fuentes durante su intervención. Esta situación lleva así 37 años.

Así, desde el Ayuntamiento parecen haberse tenido en cuenta las reclamaciones ciudadanas y, con este Plan, dependiente del área de Desarrollo Urbano que dirige Mariano Fuentes, se pretende que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder.

Tras su aprobación inicial en mayo de 2019, este Plan ha pasado por un amplio proceso de participación ciudadana y talleres vecinales para informar del proyecto y ha sido objeto de un estudio sobre la titularidad para mejorar lo aprobado y dar lugar a un Plan más consensuado y ajustado a las necesidades de los vecinos.

Por otra parte, se establece una regulación para los Espacios Libres de Uso General, propiedad de las mancomunidades privadas, pero que han sido usados por todos los ciudadanos de forma habitual y continuada.

Este terreno supone casi 20 hectáreas de suelo, cuyo mantenimiento se hacía de forma incompleta e irregular. El Plan va a calificar como Espacios Libres de Uso General (ELUG) gran parte de los suelos, tal y como reclamaban los vecinos. Esto hará posible que los servicios municipales asuman el mantenimiento y conservación de los suelos.

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