El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy el inicio de la tramitación para la licitación de las obras de construcción del intercambiador de Valdebebas-Ciudad de la Justicia-Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que contará con una inversión de 32,8 millones de euros y un plazo de 15 meses. Está previsto que comiencen en el primer trimestre de 2022 y finalicen a principios de 2023.
Este contrato permitirá dotar al barrio de Valdebebas de un intercambiador de transportes que mejore la conectividad de la zona norte de Madrid, aumentando la vertebración en esta parte de la ciudad y fomentando el uso del transporte público. Además, permitirá las consiguientes mejoras en la reducción de la huella de carbono, mayor eficiencia de la red de transporte y disminuirá los tiempos en el tránsito de los usuarios.
Esta nueva infraestructura, que estará situada en la avenida de Manuel Fraga Iribarne número 10, tendrá una superficie de 25.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, que conectará a la futura estación de Metro del mismo nombre y que pertenecerá a la nueva ampliación y construcción de la futura línea 11 de Metro (L-11), así como al resto de autobuses urbanos y Cercanías (L-1). También dispondrán de espacio para estacionamiento otros medios de transporte como son bicicletas y patinetes.
Fomentará el uso del transporte público, ahorrará tiempo a los usuarios y la vertebración y conectividad de esa zona de la ciudad
El intercambiador de Valdebebas se convertirá, con toda probabilidad, en uno de los que mayor demanda de viajeros registre en toda la red de transporte público, ya que dará servicio a más de 31.000 usuarios diariamente que entre funcionarios de Justicia, letrados y público, acudirán a diario a la Ciudad de la Justicia, así como al personal y usuarios del Hospital público Enfermera Isabel Zendal. A estos se le suman los cada vez más numerosos vecinos de este nuevo barrio residencial de la capital, que se prevé tenga un elevado incremento de población en el futuro.
La tramitación administrativa para la licitación contempla que los criterios relacionados con los costes tendrán un valoración de un 70% en el concurso; los criterios cualitativos evaluables automáticamente, como la experiencia profesional o la reducción del plazo de las obras, tendrán un 16%, y los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, tales como la memoria del proceso de ejecución, el programa de trabajos, o el plan de calidad, entre otros aspectos, aportará el 14% para el proceso de contratación y adjudicación.
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