La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia condenatoria previa, absolviendo de esta manera a la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a siete miembros de su equipo por la venta de un total de 5.315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a garras carroñeras, concretamente a las del grupo societario Fidere, filial de Blackstone. Entre los pisos cedidos, 1.860 viviendas ocupadas por familias vulnerables. La sentencia derogada condenaba en firme a los acusados a abonar solidariamente 22,7 millones de euros; sin embargo, ahora, esto nunca ocurrirá.
Fallo judicial
La resolución, impregnada por la controversia, ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que confeccionaban la sala. Los consejeros que suman mayoría y que han votado a favor de la exoneración son Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— y José Manuel Suárez Robledano; ambos nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Aquí, en este punto, es cuando la sangre de los afectados comienza a hervir.
El consejero que ha votado en contra de la absolución y que ha formulado un voto discrepante es Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE. Este sostiene que hubo irregularidades y responsabilidad contable en la venta de estas casas protegidas; asimismo, incidía en el aspecto social de esta operación y sus efectos dañinos. A pesar de una primera resolución dictada por la consejera María Antonia Lozano donde términos como “opacidad”, “sin concurrencia” y “no acordes al procedimiento” salían a la luz, lo cierto es que Botella abandonaba exenta los tribunales.
Bloques antagónicos
“No vamos a recurrir la sentencia que dicta el Tribunal de Cuentas porque entendemos que está lo suficientemente fundada y, por otra parte, cuenta con el criterio a favor del fiscal que solicitó la absolución”. Con estas palabras, el alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, cubría las espaldas de una histórica popular, haciendo especial hincapié en que la Oposición pretende que actuemos “contra el criterio del Tribunal de Cuentas, contra el criterio de la Fiscalía”.
"Dolor, rabia y frustración". Lágrimas e incertidumbre parecen predominar entre los afectados. La polémica está servida; el desahucio a la orden del día; los poderosos en la cúspide; los ciudadanos de a pie encarando un controvertido fallo judicial.