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A pesar de que su puesta en marcha ha sido pospuesta hasta en tres ocasiones, la nueva propuesta sostenible impulsada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, será materializada el próximo 30 de noviembre sobre una extensión de 472 hectáreas. Inserta dentro del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, la iniciativa queda respaldada por la firme voluntad de luchar contra la contaminación, describiendo así una ciudad más amigable, más respetuosa con el medioambiente y con la salud ciudadana, ajustándose a los cánones que dicta Europa.

Según las cifras que baraja el Consistorio madrileño, con la puesta en acción de Madrid Central se evitarán un 37% de los kilómetros recorridos actuales y un 40% de las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), contaminante que afecta a la salud y cuyos niveles incumplen la normativa legal desde 2010.

La ejecución del plan de acción previsto está siendo llevado a cabo de acuerdo a la siguiente cronología: hasta la fecha se han acometido trabajos de rehabilitación, estructuración y señalización en el perímetro afectado; asimismo, desde el 1 de noviembre ha comenzado la campaña mediática de divulgación de información referida al nuevo advenimiento, y, por último, a partir del 30 de noviembre entrarán en vigor las normas de Madrid Central, siendo estas llevadas a cabo de forma gradual.

A modo de advertencia, el Consistorio ha manifestado que a partir de enero del próximo año comenzarán los dos meses de prueba del sistema informático de gestión de multas de Madrid Central. Mientras dure el período de prueba, los ciudadanos que infrinjan la normativa serán informados, y, posteriormente, las sanciones pasarán a ser efectivas.

A pesar de las maravillas prometidas y mejor o peor argumentadas, el Nuevo Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha cosechado incontables críticas y detractores. Según denunciaba el Sindicato CSIT-SPAM, los agentes de movilidad han recibido una “insuficiente” formación de seis horas acerca de la nueva ordenanza y no tienen siquiera una copia detallada de la misma. Asimismo, aluden a una patente falta de información: “sucede que nosotros somos los que vamos a tener que aplicar la norma y, debido a la falta de información, cuando nos vienen a preguntar los ciudadanos no sabemos qué tenemos que decirles”.

Pero esto no es todo. Si en primer lugar fue el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, el que amenazó con llevar a los tribunales Madrid Central -el área de 472 hectáreas en la que, a partir del 30 de noviembre, se impondrán restricciones al tráfico-, este fue secundado por el grupo municipal del PP, dando un paso al frente al anunciar que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para pedir medidas cautelares y la suspensión de la Ordenanza de Movilidad que recoge el proyecto. Y ustedes, ¿qué opinan?