Un total de 10.500 viviendas, 345 edificios, tres rascacielos de oficinas y 500.000 metros cuadrados de zonas verdes compondrán Madrid Nuevo Norte. El proyecto urbanístico, popularmente conocido como ‘Operación Chamartín’, verá la luz en 2044 tras más de dos décadas en stand by.
Ahora, con la llegada de la nueva legislatura, el Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al que es el mayor desarrollo urbanístico de España por unanimidad, gracias al apoyo de Más Madrid, PP, PSOE, Ciudadanos y Vox.
¿En qué consiste el proyecto?
Los cinco kilómetros que comprenden plaza de Castilla hasta la proximidad del monte de El Pardo será el escenario de un nuevo barrio que revolucionará la capital en 2044.
Madrid Nuevo Norte se erige como un referente empresarial nacional y europeo. El proyecto contempla la creación de un nuevo centro de negocios junto a Chamartín que ocupará el 60% del total de la construcción. Un espacio del que sobresaldrán nuevos rascacielos.
Además de empresas, también albergará 10.500 viviendas, de las cuales casi una cuarta parte será de protección. Este ha sido uno de los escollos políticos que ha tocado sortear para que finalmente la iniciativa saliera adelante. Ahora Madrid negoció durante su mandato una disminución del número de viviendas proyectadas inicialmente y un aumento del número de hogares que deberían adquirir el rango de protección pública.
La estación de Chamartín no será ajena a la renovación. La intervención incluirá la remodelación de la estación, soterrando las vías con una losa sobre la que se ubicará un parque de 12.000 metros cuadrados. En materia de movilidad, está prevista la creación de tres nuevas paradas de Metros en la línea 10 con el fin de minimizar el impacto de la gran afluencia de trabajadores que, se prevé, se desplacen al centro de negocios: 94.000 empleados.
En cifras
Para materializar la faraónica obra serán necesarios 9.500 millones de euros de inversión actualmente en manos de la sociedad Distrito Castellana Norte (DCN), integrada por BBVA con una participación del 75% y la constructora San José, la cual posee el 25% del capital.
La participación de las administraciones publicas se cuantifica en un desembolso de 2.452 millones de euros y unos ingresos de 3.762 millones, lo que arrojaría un saldo positivo de 1.310 millones de euros.