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Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud, ha declarado ante el juez Adolfo Carretero, encargado del Caso Mascarillas, durante la mañana del viernes. Así, Prieto ha afirmado que desde el organismo se alertó a Elena Collado, responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid y coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, de que la documentación presentada por Luis Medina en torno a las mascarillas adquiridas durante los momentos más duros de la pandemia no cumplía con los requisitos.

Más Madrid fue quien hizo la solicitud para aclarar la compra de estos productos sanitarios y, sobre todo, las gestiones realizadas para comprobar la calidad y validez de esta compra por parte del Ayuntamiento de Madrid por un valor superior a 11 millones de euros. Prieto ha informado en su declaración del informe de servicio de prevención de riesgos laborales de Madrid Salud necesario en aquel material adquirido.

En lo que concierne a las ya famosas mascarillas de Luis Medina, no solo se remitió la documentación, sino también unas muestras. El gerente ha detallado cómo una parte de los papeles estaba escrita en chino y uno de los certificados adjuntados no tenía validez, ya que existía una alerta del Ministerio de Trabajo.

Este hecho fue comunicado a Elena Collado, negando que se pudiese certificar la documentación recibida, al no ajustarse a los requisitos establecidos.

Poco después, la Policía Municipal de Madrid realizó un informe en el que habrían quedado validadas estas mascarillas y, además, fueron usadas por los propios agentes y bomberos municipales. El responsable de la Policía encargado de elaborar ese informe reconoció en los juzgados que no se aseguró ni se comprobó su calidad.

No obstante, el juez ha rechazado imputar tanto a Elena Collado, responsable de Compras y Coordinadora de Presupuestos y RRHH del Ayuntamiento, como a Engracia Hidalgo, concejala delegada del Área de Hacienda y Personal. En el primero de los casos ha sido a raíz de un recurso de apelación de Podemos contra la decisión del magistrado de denegar la declaración de Collado como investigada.

Con ninguna de las dos políticas encuentra "indicio alguno que permita imputar el delito de prevaricación".

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