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La diputada de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid para articular un fondo estatal de compensación, con la aportación económica de la Iglesia Católica, a las 400.000 víctimas de agresiones sexuales en el ámbito eclesiástico. Asimismo, la iniciativa insta a la Comunidad de Madrid a impulsar medidas normativas en favor de las víctimas, elaborar un censo en las Oficinas de Atención a Víctimas con las prestaciones públicas a las que tengan derecho, articular servicios públicos de Justicia Restaurativa y celebrar un acto de reconocimiento en la Puerta del Sol.

“El deber de actuar de las administraciones públicas ante violaciones masivas de derechos humanos se deriva de normas internacionales convencionales y consuetudinarias, se asume pacíficamente en la doctrina general de derecho internacional público, en la práctica y el desarrollo de diferentes organismos e instrumentos internacionales, y en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales que supervisan la aplicación de los tratados de derechos humanos”, afirma Manuela Bergerot.

La propuesta recoge las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo a los poderes públicos, como “cumplir de manera efectiva con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño sufrido, sin excluir que puedan adoptarse, en su caso, otras reformas legales al respecto, centradas en aspectos de prevención de victimizaciones futuras, considerados por las víctimas como una forma de reparación a través de las garantías de no repetición”.

La formación madrileña aboga por que el Gobierno de la Comunidad de Madrid también se haga cargo de la reparación de las víctimas. “Nuestra región no está exenta de esta vulneración como recoge el Informe, incluidos algunos casos con impacto mediático como el del profesor del Colegio Salle Nuestra Señora Maravillas de Madrid y el profesor del San Viator de Madrid”, defiende Bergerot.

El pasado 27 de octubre, el Defensor del Pueblo presentó el primer informe oficial sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica española y el papel de los poderes públicos. Un informe que incluye además un estudio que indica que el 1,13% de los encuestados sufrieron una agresión en el ámbito religioso, lo que equivaldría a 440.000 personas en todo el país. En dicho Informe, el Defensor del Pueblo hace recomendaciones para garantizar la reparación y el reconocimiento de las víctimas.

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