La pasada semana el Ayuntamiento de Madrid se veía envuelto de nuevo en una situación engorrosa. Tras lo sucedido con el hermano de Ayuso, saltaban todas las alarmas con dos nuevos empresarios que habrían recibido un total de 6 millones de euros por trabajar como intermediarios en la compra de material sanitario procedente de China, en plena pandemia. Tras una entrevista ofrecida por uno de ellos, Luis Medina, hijo de Naty Abascal, el alcalde respondía contundente.
Ahora, el Juzgado de Instrucción nº 47 con el juez Adolfo Carretero al frente, ha citado a declarar a ambos en calidad de investigados tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Se les atribuye una presunta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental por el supuesto cobro de 'mordidas' de esos contratos de emergencia en el que se trasladaba material sanitaria hasta Madrid durante la primera ola de la pandemia. Así, la comparecencia tendrá lugar el próximo 25 de abril a las 12:30 horas.
El juez ha embargado de forma preventiva los bienes de Luis Medina y Alberto Luceño ante la sospecha de que utilizaron el dinero de las comisiones para comprar estos objetos, tales como un yate modelo Eagle 44, apodado como 'Feria', por un valor de 325.515 euros. En el caso de Luceño, se encuentran vehículos de alta gama, Rolex y una vivienda de lujo, entre otros. No obstante, cabe destacar que el embargo no supone una pérdida inmediata, sino garantizar que una posible futura sentencia se cumpla, en forma de medida cautelar.
El contacto con el Ayuntamiento por parte de Medina se desprende como un posible tráfico de influencias, ya que habría aprovechado su condición de personaje público y la presunta "amistad con un familiar del alcalde de Madrid". Sin embargo, Almeida niega de manera rotunda este hecho y contradice al empresario, ya que éste apuntó que se trataba de un hermano del alcalde y, por contra, habría sido un primo suyo.
Alberto Luceño y Luis Medina actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China - Querella
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Alberto Luceño, por su parte, se presentaba como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación". De esta manera, se embolsó alrededor de 4,6 millones de euros (5.100.000 dólares) "mediante transferencias emitidas desde Malasia a una cuenta personal". Con ese dinero habría comprado el empresario noches de hotel, relojes, coches de alta gama e, incluso, una vivienda de lujo en Pozuelo valorada en más de 1 millón de euros.
No obstante, la Fiscalía apunta a que el empresario "siquiera tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista". En total, habrían sido 3 contratos los firmados entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid -compradora- con la compañía malaya EEE -vendedora-. A Medina le corresponderían 915.000 euros, uno por mascarilla.
La querella señala que el total de dinero que el Ayuntamiento habría destinado en estas operaciones alcanzan entorno a los 10,8 millones de euros. Se apunta que a pesar de que se habrían obtenido un millón de mascarillas, "a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas".
En cuanto a los guantes, se recibieron 2 millones y medio de pares de nitrilo, y su calidad han apuntado que era "muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas". Los test COVID-19, de un total de 250.000, se tuvieron que desechar casi una cuarta parte (60.000) al ser "inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7%)". Además, destaca que otra parte importante de esta cantidad (115.000) eran también de "dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%)".
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