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El soterramiento de la A-5 fue una de las promesas de campaña del actual equipo de Gobierno. Tanto el PP como CS lo incluían en sus respectivos programas electorales en la última cita con las urnas de madrileños y madrileñas en 2019.

Sin embargo, esta histórica reivindicación vecinal se ha visto postergada y, ahora, también judicializada, tras conocer las sospechas que se cernían sobre la adjudicación del contrato de redacción del proyecto y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Hasta tal punto llegan las conjeturas y denuncias por parte de la oposición que la Fiscalía contra la Corrupción ha abierto diligencias de investigación a dos de los concejales delegados del equipo de Gobierno, Inmaculada Sanz y el propio Carabante, además de al alcalde, Martínez-Almeida.

Desde Más Madrid no han quedado satisfechos con que Anticorrupción comenzase este proceso que, recordemos, no supone imputación alguna. Consideran que es necesario constituir una comisión de investigación por los contratos sobre los que sobrevuelan estas 'sombras'.

La portavoz adjunta de Más Madrid, Pilar Sánchez, ha afirmado que "los escándalos no paran de salpicar a Almeida" y lo ha definido como "el alcalde de los líos, de los chanhullos".

Si bien desde el principal partido de la oposición en Cibeles ven "motivos más que de sobra" para poner en marcha este mecanismo, desde el Grupo Mixto Luis Cueto ha recordado que fue precisamente José Manuel Calvo, su compañero concejal del Grupo Mixto y Recupera Madrid, "el primero que denunció" los hechos en la Comisión de Medio Ambiente.

De este modo, se abstienen a la propuesta de los de Rita Maestre señalando que no se sienten "nada seguros" de que "vaya a dar luz más allá del desgaste".

Lo definen como "ruido" y alegan que optan por que "la Fiscalía actúe", frente a lo que se habría convertido en una comisión "de pasteleo", según el edil.

Por su parte, el partido socialista también se ha pronunciado al respecto. Mar Espinar, la portavoz del Grupo Municipal, ha trasladado a los medios que tras analizar la documentación no habrían percibido indicios de delito: "No se puede estar permanentemente judicializando la política", sentencia.

Espinar coincide con Cueto al considerar la comisión como "ruido" y afea que "no mejora la vida de los ciudadanos".

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