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La Fiscalía Provincial de Madrid pide más de cinco años de prisión para el ex director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Universidad Complutense de Madrid por un posible maltrato a los técnicos que trabajaban a su cargo. Así lo denuncia la parte acusadora en un auto al que ha tenido acceso SoydeMadrid.com.

En el escrito, el acusado, Catedrático de Medicina y director del Departamento ya mencionado, aparece como el principal responsable de la dirección, el control y la vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio, un cargo que ejerció hasta desde el año 2002 hasta el año 2014. Así lo refleja también el Plan de Prevención de la propia universidad en su apartado 5.1.1 b) 3.): "los Directores de Departamento los responsables en materia de prevención en sus respectivos ámbitos y entre sus competencias está la organización de los recursos disponibles, adopción de decisiones que puedan afectar a la seguridad, salud y condiciones de trabajo.”

El director desempeñaba gran parte de sus funciones en el sótano de la Facultad de Medicina, requiriendo a los técnicos la realización de múltiples tareas para las prácticas de los alumnos de Medicina, así como de los asistentes a los cursos para empresas que allí impartía. Así, algunos de los requerimientos que pedía a los trabajadores eran: recepción de los cuerpos, lavado y preparación de los mismos, inmersión y extracción manual de cadáveres depositados en tinas con mezclas de formol o compuestos similares; conservación de cuerpos y sus piezas en cámaras frigoríficas, tinas con líquidos conservantes (derivados del formaldehído, agua, glicerina y timol) o mediante inyección de formol o COMPLUCAD; introducción y extracción de cadáveres frescos en la cámara frigorífica; preparación de mezclas, preparación de material humano para prácticas (huesos, piezas cadavéricas…) mediante corte anatómico con sierra de cinta eléctrica y destrucción de restos humanos por incineración en el horno crematorio que allí existía.

También les encomendaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies, así como de las salas de disección y depósito de cadáveres con diversos productos, entre ellos, derivados del formaldehído. Es por ello que el uso de sustancias perjudiciales como el formaldehído y sus derivados era cotidiano, tanto para conservación de los cuerpos, como para la desinfección de dependencias y efectos.

No obstante, y según denuncia la propia Fiscalía, las condiciones bajo las que trabajaban los profesionales distaban mucho de ser las idóneas, teniendo en cuenta las labores que realizaban y las sustancias que tenían que emplear, y suponiendo esto un grave riesgo para su salud y su integridad física y mental. Además, el acusado conocía que estas características no eran adecuadas, pues era médico y dirigía el Departamento:

1. El sótano donde realizaban sus funciones carecía de ventilación adecuada al no disponer de extracción localizada, por lo que todos los lugares donde realizaban sus trabajos estaban expuestos a los mismos niveles de formaldehído, cuyos gases eran inhalados por los trabajadores al tratarse de un compuesto volátil. Tampoco había ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se expandieran por las salas ni los pasillos.
2. La cámara frigorífica donde se conservaban gran número de cadáveres se averió el 1 de agosto de 2012 y nuevamente en noviembre del mismo año. Ante tal situación, el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y los dejaran en una sala para ser incinerados, siendo extraídos sin esperar a que se secaran ni bajaran los niveles de formol. Sin embargo, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición.
3. Las instalaciones no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo, ya que los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales. El suelo del recinto no era uniforme ni antideslizante (carecía de resina Epoxi), por lo que los trabajadores perdían el equilibrio en ocasiones, en particular cuando desplazaban pesos.
4. Para uso docente universitario tan solo se precisan unos 10 o 12 cuerpos al año, pero para abastecer de material humano a los cursos que el acusado impartía a las empresas privadas, se acumularon sin control sanitario alguno en torno a unos trescientos. Los cadáveres accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación ni referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infectocontagiosas, sin registro fiel o control de acceso por orden expresa del acusado, que de este modo ejercía una actividad lucrativa sin autorización ni conocimiento de los responsables de la Facultad y de la Universidad. Esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos.
5. La ropa de uso laboral se componía de un pijama y bata de tela, un delantal de neopreno, unos guantes de uso doméstico y unas botas de agua para entrar en la cámara. Dichas ropas eran inadecuadas para la tarea que desempeñaban los técnicos y se lavaban por un procedimiento doméstico, también inadecuado.
6. Los trabajadores desempeñaban sus funciones en condiciones de orden, limpieza e higiene deficientes, por cuanto, al jubilarse el trabajador S. A. en diciembre de 2013, los cuerpos comenzaron a acumularse incontroladamente dentro y fuera de la cámara frigorífica, en pasillos y repisas, desprendiéndose de ellos fluidos corporales que salían por el pasillo y eran limpiados de modo convencional por los propios técnicos o por los trabajadores del servicio de limpieza de la Universidad. Por consecuencia del alto grado de suciedad, en enero de 2014 comenzaron a aparecer larvas, gusanos e insectos.

A estas y otras circunstancias se enfrentaban los técnicos del departamento hasta que, en el año 2014, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenó la paralización de todos los trabajos. Además, se comprobó que, como consecuencia del sometimiento a tales condiciones laborales, los técnicos sufrieron enfermedades relacionadas con ellas como lumbalgias, cáncer de mama, cefaleas, insuficiencia respiratoria e infecciones, anosmia, sinusitis, conjuntivitis, ansiedad, e incluso depresión, entre otras.

Por todo ello, al acusado se le imputan cinco delitos contra la integridad moral de los trabajadores, y un delito contra la seguridad de los mismos. Unas faltas por las que la Fiscalía pide un año de prisión por los cinco primeros y tres años por el segundo. También se solicita la inhabilitación de acusado durante el tiempo de la condena y una multa de 100 euros diarios durante 12 meses. Así mismo, el ex director deberá indemnizar a cada uno de los perjudicados.

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