El Juzgado de Instrucción número 30 ha reabierto el caso por una presunta segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid. De nuevo, con mascarillas. No obstante, esta vez el propio proveedor del material sanitario habría sido quien habría engañado al Consistorio.
Así, y tras encontrar al comisionista por el que se habría llevado a cabo este proceso, es decir, el intermediario; el juez ha decidido continuar con la investigación. Fue la propia Policía Municipal quien denunció este hecho en julio al percatarse de que el material sanitario que llegó en esa partida era defectuoso. Además, se encontraría recogido en el sumario del caso mascarillas abierto actualmente contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño.
Un informe señalaría de manera directa a un comisionista y propietario la consultora estadounidense, Phillipe H.S, interviniente en la venta de un millón de mascarillas por un importe de 2,5 millones de euros. No obstante, la causa se dirige contra la empresa Sinclair&Wilde, su empresa de Nueva York.
A pesar de que se abrieron diligencias, el pasado 19 de julio se procedió al archivo del caso, ya que no se conocía el paradero del dueño de la consultora. Tras descubrirse la residencia de Phillipe en Reino Unido, se habría reabierto el caso.
Las mascarillas recibidas no reunirían los requisitos técnicos de la normativa española, ni europea, por lo que resultaron inservibles para dotar con ellas al personal de los Servicios de Emergencia
Lo que el juez solicita al Ayuntamiento es toda la información relativa a la contratación de estas partidas de material sanitario que son objeto de investigación. El caso es que la empresa habría mentido en la información y detalles de las mascarillas: "tanto los fabricantes como el importador ha ofertado las mascarillas realizando indicaciones que no se corresponden con los mismos", lo que habría generado un "perjuicio grave tanto a la Administración como finalmente a los usuarios".
La Policía Municipal apunta que, tal y como recoge el informe, "ante la situación actual de pandemia mundial abusando de la posible credibilidad que da un importador para realizar la compra", el Consistorio fue engañado.
Se habrían detectado delitos contra la propiedad industrial, estafa y contra los derechos de los consumidores, ya que dejaron de contestar a los requerimientos del Ayuntamiento al descubrir las irregularidades. Los trámites burocráticos contaban con un distintivo europeo sin consentimiento de la propia Unión Europea.
Fuentes municipales han trasladado a un medio de comunicación que tanto el Ayuntamiento como la Empresa Funeraria se personarán como perjudicados en el procedimiento judicial. El consejo de administración de la funeraria municipal era el encargado de canalizar las compras en la primera ola de la pandemia donde tuvieron lugar los hechos.
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