MENÚ

El presidente de Red Autónomos y portavoz de la Asociación de Autónomos y Comerciantes de Metro de Madrid (AACMM), Francisco A. Ferrera, se reunió ayer con los portavoces de Economía y de Infraestructuras, Carlos Carnero y Agustín Vinagre, y la Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera.

Los comerciantes denuncian que Metro de Madrid ha estado encubriendo su expulsión de las instalaciones públicas con la excusa de cierres temporales para el reacondicionamiento de los locales. Estos cierres temporales se iniciaron en 2016 y han supuesto ya el cierre definitivo de más de un centenar de negocios y la pérdida de más de 600 puestos de trabajo.

Así pues, los pocos negocios que se negaron a aceptar el cierre hasta que se les reubicase en locales acondicionados, se encuentran amenazados de desahucio, a pesar de haber cumplido con todas las obligaciones que fijaban sus contratos.

Ferrera ha manifestado que: “Se les obligó a cerrar con la promesa de que sería temporal y se les reubicaría. Han pasado los años. Las mayoría de las obras no se realizaron y los pocos locales que se reacondicionaron permanecen cerrados. No contentos con ello, ahora quieren desahuciar a los pocos que les han plantado cara y han denunciado sus irregularidades”.

Según la AACMM, actualmente hay 41 locales que están adecuados a la normativa actual, pero que permanecen cerrados porque el ente público se niega a su reubicación. Por ello, el Grupo Socialista propone la “renovación de los contratos" para los concesionarios que siguen en activo, así como la paralización de los desahucios iniciados por Metro de Madrid. Además, desde este grupo, proponen sacar a concurso los locales disponibles, de manera que sea un instrumento más para reactivar la economía regional, destinándolos, prioritariamente, a autónomos y pequeñas empresas de la Comunidad de Madrid.

Por último, el Grupo Socialista se ha comprometido a realizar una investigación sobre la actuación de Metro en este asunto, pues los comerciantes han advertido de posibles irregularidades y sobrecostes en las obras llevadas a cabo, además de reiterados incumplimientos del convenio.