El Ejecutivo autonómico asegura con esta dotación presupuestaria el cumplimiento de la Constitución Española, que recoge el derecho fundamental de todos los ciudadanos que carecen de los recursos económicos suficientes a la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita. Un total de 85.884 personas se beneficiaron de este servicio público en 2023, lo que representa un aumento del 4,4% con respecto al ejercicio anterior.
Los pagos a los letrados se canalizan a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a ICAM e ICAAH. En el caso de la procura, se realizan por mediación del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. Actúa como entidad colaboradora.
En este mismo ámbito, el Consejo de Gobierno de hoy también ha recibido el informe sobre el proyecto para actualizar el Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en la región y el funcionamiento de los órganos que intervienen en ella, así como las relaciones entre la Administración y los colegios profesionales competentes en este ámbito.
Esta medida va en línea con la simplificación de los trámites administrativos que realiza el Ejecutivo autonómico y así hacerlos más sencillos para los ciudadanos. El proyecto también detalla de forma más exhaustiva las funciones de los colegios profesionales de abogados y procuradores en esta actividad con el fin de garantizar un correcto desempeño y, con ello, su calidad.