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Tanto el grupo municipal como el regional de Vox han formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia la demanda de recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza de Movilidad Sostenible. Su aprobación, en septiembre de 2021, fue posible gracias a los votos positivos de PP, CS y el Grupo Mixto. Desde la formación piden su nulidad por ser "aprobada por el equipo de Gobierno municipal con un alcalde a la cabeza que ha traicionado a los madrileños, faltando a su palabra, compromiso electoral y acuerdo de investidura al potenciar y ampliar el Madrid Central de Carmena".

La reclamación ante el TSJM es la de nulidad de pleno derecho, no solo en cuanto a la ordenanza, sino también el procedimiento de aprobación de esta; al ser "contrarios de hecho". Se justifica la petición dado el apoyo necesario de los tres ediles escindidos de Más Madrid, el "pretendido Grupo Mixto, contrario a la normativa municipal, cuyos integrantes deberían haber pasado a ser concejales no adscritos".

La formación destaca la "insuficiencia de la Memoria de Impacto Económico", poniendo el foco en que este mismo motivo fue el que causó en la legislatura pasada una demanda por el Grupo Popular: "un incumplimiento de la normativa y jurisprudencia aplicable". Se ha presentado un informe pericial donde también se habla de una supuesta deficiencia en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo; tanto en el enfoque, como en los factores influyentes y contaminantes.

Se ha incluido en el recurso la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo emitida el pasado 13 de enero, declarando "la imposibilidad de que las administraciones de los Estados miembros de la Unión Europea puedan restringir el uso de vehículos homologados en función de su tipificación por eficiencia, siendo esta una jurisprudencia determinante ya que resulta ser precisamente la base de la Ordenanza de Movilidad", tal y como han apuntado desde el partido.

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