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El equipo de Gobierno de Moraleja de Enmedio que lidera Arantxa Alonso Godino (PP) junto a Selene Durán (Vox) ha aprobado en un pleno extraordinario la subida de tres importantes tributos locales para afrontar el pago de la abultada deuda que ahoga al Ayuntamiento de Moraleja durante años.

Cuatro meses después de coger el bastón de mando, la nueva regidora del Partido Popular ha infringido su propio programa electoral en el que aseguraba que se llevaría a cabo “una reducción de todos los impuestos municipales, creando las condiciones óptimas para el aumento significativo de la presencia de empresas en el municipio y su consiguiente creación de empleo”.

Antes de esta aprobación de subida de impuestos, el propio PP se ha encargado de buscar culpables de una decisión absolutamente impopular y que, sobre todo, va en sentido contrario a lo que dijo en plena campaña electoral. La alcaldesa popular afirma que la gestión del anterior equipo de Gobierno es lo que ha hecho que Moraleja solo pueda ser viable con esta subida de tributos. Para ello, han mostrado un informe del Ministerio de Hacienda y han llegado a afirmar que las recomendaciones que se incluyen en el mismo eran obligaciones. En ese documento se explica que para que el consistorio pueda ir reduciendo la deuda hay que subir el IBI al doble lo que está en este 2023, incrementar el IAE, el IVTM y establecer nuevos tributos sobre la recogida de residuos o sobre las actividades culturales y deportivas.

Lo que se ha aprobado en el pleno es mucho menos ‘traumático’ de lo que adelantó el Partido Popular, pero supondrá una merma para las economías familiares de Moraleja de Enmedio ya que verán en 2024 cómo les llega el Impuesto de Bienes Inmuebles más caro de los últimos ocho años. Lo mismo ocurrirá con el Impuesto de Actividades Económicas y con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, conocido como la plusvalía.

Este último caso es especialmente relevante ya que va completamente en contra de lo que ha marcado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso sobre este tributo. La líder regional del PP dijo el pasado mes de junio, tras su amplia victoria electoral, que pediría a todos los alcaldes de la región la rebaja de este impuesto para aumentar el ahorro de miles de familias. Y añadió que sería obligatorio para todos los regidores del PP de nuestra región. Pero, según lo aprobado en el pleno nuestro municipio será una excepción.

El pleno extraordinario celebrado el pasado viernes 27 de octubre, sometió a votación tres puntos con el aumento de los tres impuestos referidos. Y en todos ellos el resultado fue de 7 votos a favor (PP y Vox) y 3 votos en contra (PSOE).

La convocatoria urgente del pleno se debe a que estamos ante tributos cuyo periodo impositivo coincide con el año natural por lo que debe estar aprobado de manera firme antes del 31 de diciembre de 2023 para que sea efectiva la subida en 2024.

La subida del IBI pasa del 0,4 al 0,6 que, aunque no se sitúe en el límite máximo que permite la ley se materializará en una considerable subida. Los otros dos impuestos que suben tampoco llegarán al máximo permitido.

La alcaldesa Arantxa Alonso, sostiene que “esta subida se debe a los planes de ajuste que firmó la ex alcaldesa Valle Luna y que son condición obligatoria para aceptar los préstamos financieros que durante 8 años se ha dedicado a pedir a diferentes entidades bancarias”.

Además, asegura que las dos últimas legislaturas se ha elevado la deuda municipal en 12 millones de euros ya que no se han adoptado las medidas con las que el PSOE se comprometió.

Otro punto de desencuentro con el PSOE tiene que ver con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el PP afirma que quedó bloqueado por el PSOE. Sin embargo, este PGOU que viene desde el año 2001 fue tumbado por la propia Comunidad de Madrid y por el Tribunal Supremo.