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Hace casi un año, el actual Equipo de Gobierno de Móstoles pedía una auditoría externa para tratar de entender el funcionamiento y la cronología de cómo se llevaron a cabo las obras del fantasmagórico Pabellón Andrés Torrejón. Un estudio que concluyó con un posible desfase de 3,8 millones de euros en los trabajos realizados en la instalación deportiva.

Sin embargo, el caso no ha quedado ahí. A inicios de este mes de marzo, la Policía Nacional detenía a cuatro personas acusadas de presuntos delitos de falsificación, cohecho y malversación cometidos en el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles.

Cabe recordar que las obras del pabellón se iniciaron durante el mandato de Daniel Ortiz como alcalde de Móstoles, es decir, con el Partido Popular en el poder. Por ello, el caso no ha tardado en salpicar a uno de los actuales representantes de los populares en nuestra ciudad. El actual portavoz del PP, Alberto Rodríguez de Rivera, fue llamado a declarar a dependencias policiales como investigado, ya que, en el momento en el que se desarrollaron las obras, constaba como máximo responsable del Instituto Municipal del Suelo (IMS).

Rodríguez de Rivera no ha tardado en explicar esta situación ante los medios de comunicación, asegurando que su declaración ante la Policía “nada tiene que ver” con las posibles irregularidades en el caso del Pabellón Andrés Torrejón: “a mí por lo que se me preguntó fue por dos contratos relativos con la dirección facultativa, contratos firmados por el consejo de administración y que yo firmo en el año 2008, fecha anterior a la adjudicación de las obras del polideportivo y, por supuesto, al inicio de las obras”.

El PP, acusación judicial

Esta historia parece la historia de no acabar y, aún, nos quedarán muchos más capítulos por descubrir. Es lo que se desprende, al menos, de los últimos acontecimientos. Según informaba El Mundo, el juzgado de instrucción número 5 de Móstoles ha abierto diligencias previas para esclarecer unos supuestos delitos en la adjudicación, por parte del Equipo de Gobierno, de una serie de contrataciones menores llevadas a cabo en los años 2016 y 2017.

Por ello, se está investigando al consistorio mostoleño, dirigido por Noelia Posse, por prevaricación y falsedad, lo que ha provocado que el Partido Popular, con su presidenta, Mirina Cortés, a la cabeza, anuncie que ejercerá de acusación en esta causa judicial.

La propia Mirina Cortés recordaba que “desde el Partido Popular venimos denunciando pleno tras pleno el abuso en contratos menores, existencia de gastos sin contrato y la opacidad en la contratación”.

El juez investiga si hubo alguna anomalía en las reformas de varios colegios públicos como el Blas de Otero, el Luis Álvarez Lencero, el Andrés Segovia, entre otros. La sombra de la corrupción no se aleja de los cielos mostoleños.