Más Madrid Móstoles exige que se adopte el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, celebrado el pasado 23 de marzo, donde la formación solicitó la no licitación de aquellos suelos públicos que habían quedado desiertos en un primer intento.
Una propuesta aprobada con 15 votos a favor y 11 en contra por el cuál, a través de una moción que afecta a un total de seis parcelas municipales que el Gobierno de Móstoles "quiere poner a disposición de empresas privadas durante 75 años".
Denuncian, además, los pliegos del contrato, que "ni siquiera contemplan una actualización del canon a pagar con el IPC".
Emilio Delgado, candidato a la Alcaldía, afirma que estos espacios deberían de ser usados "para la construcción de infraestructuras como pueden ser pistas deportivas, centros culturales, centros de mayores o nuevos espacios verdes".
Por otro lado, sentencia que estos terrenos han sido recalificados para "construir vivienda a través de fondos de inversión", donde se habría seguido un modelo "más cercano al PP de Ayuso que al de un gobierno de progreso y que ya ha demostrado ser nefasto".
En los últimos 9 meses, el gobierno de Noelia Posse ha casi regalado suelo público por valor de más de 18 millones de euros a grandes fondos de inversión
Lo que solicitan es paralizar las cesiones y hacer un estudio para "devolver" esos suelos a su uso dotacional inicial, "dando los servicios necesarios a las vecinas y vecinos de cada barrio".
Desde el Ayuntamiento contestan a estas acusaciones mediante Marisa Ruiz, concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano. Afirma que la formación "vuelve a mentir y faltar a la verdad, una vez más".
Tratando de alejarse de las acusaciones de la "venta" del suelo público, aseguran que lo que se está haciendo es "construir vivienda para nuestras vecinos y vecinos" con el objetivo de que las "rentas medias" puedan acceder a una vivienda de alquiler "a precio razonable".
Nos hablan sobre los problemas de la ciudad en cuanto a la falta vivienda y la regulación en los precios; asegurando que se construirán otras 2.000 viviendas que "pasarán a formar parte del patrimonio municipal de todas las vecinas y vecinos".
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