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Durante estos días declaran diferentes miembros del Equipo de gobierno de Móstoles, así como antiguos concejales, ante sede judicial, con motivo de la investigación llevada a cabo por el caso ITV. Enrique Núñez, Secretario General del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, ha expuesto ante los micrófonos de Televisión digital de Madrid y Soy-de la versión del PP, formación que lidera la oposición en la localidad, en torno a este asunto: “Es un escándalo, para un municipio tan importante como la ciudad de Móstoles, tener a toda la Junta de Gobierno imputada por un quebrante económico de 2,5 millones de euros en una condonación ejecutada a una empresa privada y que va contra los intereses de los mostoleños, a quienes, por el contrario, se les están exigiendo más impuestos para mantener los sistemas públicos de la localidad”.

Un hecho que parece no tener precedentes, ya que, señala, “no recuerdo que nunca antes toda una Junta de Gobierno estuviese imputada por un hecho de este tipo, máxime cuando los propios servicios municipales, especialmente la Intervención General del Ayuntamiento, manifestaron estar en contra de este perjuicio económico”. En esta línea, Núñez ha señalado que uno de los aspectos más graves es que “el interventor dijo que no se cumplía la normativa, lo cual tuvo como consecuencia el ser cesado en su cargo, represaliado por el Partido Socialista y Podemos en el Consistorio”.

Desde el Ejecutivo local apuntan, a su vez, al hecho de que los ex alcaldes Populares Esteban Parro y Daniel Ortiz estuvieran también investigados “por su supuesta participación en tramas como la Gürtel, la Púnica o las Preferentes”, algo a lo que el Secretario General del PP en la Asamblea ha respondido subrayando que “los procedimientos son totalmente distintos, al igual que las actuaciones judiciales”, por lo que “no ha lugar a comparaciones”.

“No podemos olvidar que en este caso ha habido un quebranto económico injustificado, que no está explicado y que espero que la Justicia aclare”, al tiempo que sostiene que “la izquierda en su conjunto, especialmente el Partido Socialista, siempre da lecciones y marca criterios, al igual que Podemos, y de hecho tienen un Código Ético que ellos mismos no se aplican y que marca claramente que en el caso de ser investigados por circunstancias relevantes, pondrían su cargo a disposición y dimitirían, algo que no ocurre, porque miran para otro lado”. Así la cosas, una vez que la sentencia sea firme, “derivará en si conlleva inhabilitación para ejercer cargo público o no”, apunta.

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La solución a esta clase de supuestos, afirma Núñez, pasa por “cumplir la ley y seguir los parámetros que marcan los servicios municipales y el cuerpo funcionarial del Ayuntamiento, algo que es muy sencillo. Si ellos dicen que no se puede llevar a cabo un expediente, cuando un responsable o gestor público cumple las normas, la Junta de Gobierno no puede hacer caso omiso; si hay suspicacias o diferencias de interpretación a dirimir, para eso están los Tribunales”.