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Nuevo varapalo para la alcaldesa de Móstoles: la Fiscalía solicita a la Audiencia Provincial de Madrid la reapertura del caso ITV, adhiriéndose así al recurso de apelación presentado por la formación de Más Madrid-Ganar Móstoles -el mismo partido que interpuso en 2021 la querella que motivó la investigación- tras el archivo provisional del mismo durante el pasado mes de mayo. La jueza, que acordó el sobreseimiento de la causa, consideró entonces que "no existía delito de malversación" en la decisión alcanzada por la Junta de Gobierno de "perdonar" a la empresa ITV Móstoles una deuda de 2,4 millones de euros, además de una reducción del canon por el uso de suelo público, descartando que hubiera existido "voluntad de causar un perjuicio para las arcas públicas".

Un fallo con el que desde MM-GM se mostraron en desacuerdo con la conclusión del Juzgado de Instrucción nº1, señalando que en uno de los puntos recogidos en el documento se hace referencia a la conducta de los investigados como "constitutiva a nivel indiciario de un delito de prevaricación". Su portavoz, Gabriel Ortega, defendía en aquel momento que "ni siquiera se había tomado declaración a los testigos, algo de vital importancia porque es la principal prueba de cargo".

"Se originó un perjuicio a las arcas públicas toda vez que no ser resolvió la concesión ante el reiterado impago del canon, sino que se acordó una quita de 615.000 euros, se redujo el canon a 60.000 euros anuales, se acordó un fraccionamiento de la deuda pendiente sin intereses ni garantías durante un período de 30 años. Por todo ello entendemos que existen indicios suficientes de la comisión de delito", describe el documento del Ministerio Fiscal (que hasta la fecha no había tomado parte en ninguna diligencia de investigación en torno a este asunto) enviado a la Audiencia Provincial de Madrid. Añade, asimismo, que "se parte de una base errónea al señalar que la mercantil ITV Móstoles se encontraba en fase de preconcurso, siendo posible en dicha fase negociar con los acreedores para evitar la declaración de concurso".

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Noelia Posse ha afirmado al respecto, al atender a los medios tras la celebración de la Junta de Seguridad Local con motivo de las fiestas patronales, que "la jueza ya dirimió, y nos dio la razón, escuchando a ambas partes, y a nosotros ya no nos preocupa eso, es algo pasado; estamos trabajando por los mostoleños con los bonos sociales y las becas para ayudar a la gente". El Consistorio, que en todo momento se refirió a este proceso como "una querella política", siempre defendió haber tomado tal decisión para evitar el cierre de la empresa y salvaguardar los puestos de trabajo de su plantilla, compuesta por 25 trabajadores, así como garantizar que el Ayuntamiento cobrase, al menos, una parte del dinero pendiente.