MENÚ

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha anulado el cese de quien fuera Interventor municipal en el Ayuntamiento de Móstoles durante casi dos décadas, Caín Poveda, al determinar que la destitución -que data del 6 de mayo de 2021- se notificó “fuera del plazo legal”. Poveda informó al Tribunal de Cuentas al considerar como un supuesto “trato de favor” la decisión del Ayuntamiento de rebajar el canon a la empresa ITV Móstoles, un caso que recientemente ha sido archivado al determinar que no existió prevaricación ni malversación.

En febrero de 2021, el Ejecutivo local solicitaba el cese de este empleado municipal, nombrado por el procedimiento de libre designación para el puesto de trabajo de la intervención general del citado Consistorio, alegando una “pérdida de confianza” respecto a sus funciones. El gobierno municipal establecía como argumento que la firma del Interventor "estaba en los informes favorables a contratos que están siendo investigados por los Tribunales de Justicia españoles, por presunta corrupción dentro de las tramas Púnica y Gürtel". De la misma manera, señalaban en un comunicado de aquel momento que Poveda “fue el responsable de fiscalizar, sin ninguna objeción, los presupuestos del Instituto Municipal del Suelo (IMS). Un ente con una deuda de unos 53 millones de euros que está al borde de la quiebra y en vías de presentación de un preconcurso, aprobado ya por su propio con Consejo de Administración."

El Ministerio de Hacienda dejaba patente entonces que el funcionario podía “ser cesado libremente, con la misma discrecionalidad con la que fue nombrado”, si bien la Secretaría General solicitó al Ayuntamiento de Móstoles un expediente en el que se determinasen “las causas técnicas que motivaban el mismo”.

Una decisión aprobada en Junta de Gobierno local que nunca convenció a los partidos de la oposición, los cuales han declarado en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento “aparta aquellos que disienten de las decisiones llevadas a cabo por el Ejecutivo local”. El Partido Popular ha sido el primero en volver a pronunciarse nuevamente, haciendo hincapié en la readmisión de Poveda a la que obliga la norma, y aseverando que “la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial emitió informe desfavorable para el cese del interventor municipal, argumentando la falta de motivación del mismo”.

Fuentes municipales señalan que recurrirán el fallo, el cual, subrayan, se debe únicamente “a un defecto de forma que se pretende subsanar”, y contra el que cabe recurso de apelación en el plazo de 15 días. Por el momento, el Consistorio ha sido condenado, por otra parte, a abonar las costas del proceso.