El concejal de Hacienda, Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, Javier Gómez, ha advertido de que el Ejecutivo local, gobernado por los grupos municipales PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV, tiene pendientes de cobro 79 millones de euros en concepto de impuestos, multas y otros derechos impagados de vecinos o empresas.
Con tal motivo, "se está practicando el embargo de cuentas de ciudadanos que no han pagado sus impuestos o mantienen otras deudas con el Consistorio", ha señalado Gómez, después de que el PP haya acusado al Gobierno municipal de generar "el caos" al emitir una gran cantidad de embargos, "muchos de ellos erróneos o indebidos".
El edil de Hacienda explica en un comunicado que se han llevado a cabo 49.000 diligencias -de las cuales se han cobrado 11.000 expedientes- y ha recriminado al PP su "alarmismo" ante un procedimiento habitual en los consistorios "porque así lo marca la Ley".
Facilidades
También ha aclarado que ha habido 245 vecinos a quienes no se les ha cobrado la cantidad correspondiente porque "su situación económica entraba en los supuestos legales para no hacerlo".
Además, Gómez recalca que en el caso de que se haya producido algún desajuste, la Oficina de Atención al Contribuyente "está abierta a atender a aquellas personas que tienen una deuda y no pueden pagar en una, dos o tres veces, ofreciendo planes de pago a medida".
"Uno de nuestros objetivos es concienciar socialmente de que hay que hacer frente a los impuestos, sin que esto altere su vida y que, por eso, lo que no vamos a hacer con aquellos que tienen dificultades económicas es que no puedan asumir su día a día por pagar un impuesto o una multa", ha añadido.
Una medida acorde a la ley
En este sentido, el concejal ha insistido en que, de hecho, la ley establece que a las personas que cobran menos del salario mínimo interprofesional o que tienen pensiones por debajo del mismo no se les puede proceder a realizar ningún tipo de embargo. Así, "en caso de que se haya producido, generalmente es porque se trata de un sistema automatizado, pero en cuanto se ha detectado, el embargo no se lleva a efecto", ha concluido Gómez, reiterando que "no ha habido grandes incidencias y que las principales quejas han sido por no tener conocimiento de ello".