Móstoles y Arroyomolinos expedientados por los vertidos al río Guadarrama

La Confederación Hidrográfica del Tajo se niega a limpiar el río porque la limpieza no garantiza que se dejen de depositar residuos

Móstoles |

14/06/2016 12:00

Zaira Gómez

Móstoles y Arroyomolinos han sido expedientados por la Confederación Hidrográfica del Tajo debido a los vertidos de residuos al río Guadarrama. Esta deposición de residuos se debe a los asentamientos ilegales de ambas localidades. Por su parte, David Lucas, el alcalde de nuestro municipio, ha asegurado que "esta no es la forma de actuar" en una entrevista en la Cadena Ser Madrid Oeste.

El primer edil explicó, el pasado 9 de febrero, que había mantenido una reunión con el presidente de la Confederación en la que “trasladé el gran problema que el río Guadarrama arrastra desde hace 20 años y le solicité que procedieran a la limpieza del río, como habían hecho otras veces”. Por lo visto, la Confederación se negó "porque no se garantizaba que se volviesen a depositar residuos”, a pesar de que Lucas propuso en ese momento un dispositivo conformado por la Policía y la coordinación del Seprona “para garantizar que no se ensuciara de nuevo”.

Por parte del organismo, "me dijeron que no pensaban limpiar hasta que no se solucionase el problema de los asentamientos ilegales. Entonces, les expliqué que el realojo estaba en proceso porque hay un convenio firmado para ello con el Gobierno regional, pero que tardará y la limpieza es necesaria desde hace tiempo”, ha señalado Lucas en otras declaraciones al diario El País.

Además, el alcalde se ha mostrado sorprendido por la actuación de la Confederación, pues ha afirmado que “el Ayuntamiento no está facultado para hacer una labor que proteja la fauna y la flora” porque excedería sus competencias. Asimismo, el primer edil ha aprovechado la ocasión para exigir a la Comunidad de Madrid “que cumpla con sus obligaciones porque el río forma parte de un parque regional”.

Esta situación ha provocado que el Consistorio mostoleño decidiese poner “en manos de los servicios jurídicos las acciones necesarias para que en el caso de que se pudiera hacer, expedientar a la Confederación”. La limpieza del cauce depende de la confederación; la gestión del parque regional depende de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la responsabilidad de controlar los vertidos es de los Ayuntamientos. Y el problema lleva varios años sin resolverse.