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Tras conocer el regreso de las corridas de toros a Móstoles, ciudad que acogerá las finales de la Copa Chenel, la Fundación Franz Weber ha solicitado al al ayuntamiento del municipio una consulta popular municipal sobre este retorno de estos eventos taurinos cuando se cumplen casi diez años después del último realizado en la localidad, que tuvo lugar en 2014.

En este sentido, la ONG sostiene que el Reglamento Orgánico, vigente desde 2005, contempla en su artículo 265 la posibilidad de que el alcalde, previa autorización del Gobierno central, pueda “someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos”, como podría ser "una hipotética dotación presupuestaria a novilladas, o la participación del consistorio en estos festejos con medios técnicos y humanos".

Además, desde la Fundación indican que "la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2021-2022, elaborada por el Ministerio de Cultura, señala que únicamente el 1,7% de la población madrileña declara asistir a corridas de toros".

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Asimismo, recuerdan que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto muy claro al respecto: “Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”.

Por otro lado, añaden que "en agosto del pasado año, el organismo de expertas y expertos incluyó una referencia similar en el Comentario General nº 26, en su apartado G), sobre el 'Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia', dirigido a todos los Estados parte, que dice así: Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales”.

Para los naturalistas resulta "preocupante" el uso "que parecen hacer las administraciones de los recursos públicos", perpetuando una actividad "que recibe un importante rechazo de la ciudadanía".