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El Partido Popular de Móstoles ha ejercido su papel como líder de la oposición en el pasado pleno pidiendo explicaciones y una mayor transparencia al gobierno municipal. Los populares han cuestionado al equipo de gobierno su gestión de las plazas públicas de las residencias de Móstoles, y han registrado dos mociones: una pidiendo un impulso de la participación ciudadana y la transparencia y otra trasladada al Gobierno central, criticando la distribución del presupuesto autonómico entre comunidades, que consideran injusta.

El problema de la residencia pública en Móstoles

El PP ha criticado las políticas de la corporación en materia de gestión de residencias y cuidado de los mayores. Los populares reprochan al Ayuntamiento que en una ciudad como Móstoles, con 44.000 personas mayores de 65 años, solo se oferten plazas públicas para 21 mostoleños. Por otro lado, el PP trasladó sus dudas al gobierno municipal sobre el elevado precio de las plazas en las residencias situadas en suelo público: 2000 euros mensuales, sin ningún tipo de limitación establecida.

Por otro lado, la formación líder de la oposición se ha opuesto frontalmente a la prescripción de pagos que quiere impulsar el gobierno municipal. Este busca extinguir la obligación de algunos desembolsos a particulares apoyándose en el fin del plazo de reclamación de estos pagos. Sin embargo, el PP duda sobre si el Ayuntamiento ha comunicado de manera activa este derecho de reclamación a los afectados, entre los que se incluyen 20 comunidades de propietarios, seis entidades financieras y el Instituto Municipal del Suelo.

La formación ha declarado al respecto que los socialistas: “De nuevo traen un expediente errático, con irregularidades administrativas en el procedimiento, que vulnera los derechos de los mostoleños y todo para eliminar deudas de un millón de euros".

Más transparencia y más justicia entre comunidades autónomas

El grupo popular liderado ha presentado dos mociones al pleno. En la primera, el PP exige una mayor transparencia en la administración y un acercamiento de esta a los vecinos y vecinas para facilitar su participación y supervisión en la política local. Los populares consideran que el actual gobierno municipal "impone un estilo de gestión que obstaculiza de manera reiterada el derecho a la información y a la participación", y recuerda que este derecho está recogido por la actual Ley de Transparencia. La formación conservadora traslada a la corporación el recado de cumplir todos los acuerdos plenarios y normativas dirigidas a reducir la opacidad en la gestión pública.

En último lugar, el grupo municipal ha trasladado un reproche directo al gobierno central de la nación, haciendo alusión a la distribución territorial de los Presupuestos Generales del Estado. Los populares han afirmado que esta se han llevado a cabo de manera injusta, y que las inversiones territorializadas han bajado un 8´4% con respecto al anterior presupuesto. Esto no es cierto, pues la inversión en Madrid ha aumentado desde los 1151 millones proyectados en los anteriores presupuestos hasta los 1305 millones que se establecen para 2023. Sin embargo, sí que es verdad que este aumento en la inversión, tal y como reprochaba el secretario general del PP madrileño Alfonso Serrano, ha supuesto un crecimiento menor en la adjudicación de fondos que el concedido al resto de las comunidades autónomas de nuestro país.

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Los populares consideran que "El Gobierno de España no apuesta por la Comunidad de Madrid ni por sus municipios. No apuesta por Móstoles", y por ello piden al ejecutivo que cese con su "política de discriminación en el reparto de inversiones".