El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha citado como investigados a los miembros que componían la Junta de Gobierno local de este municipio por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación en relación a la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.
En la providencia, fechada a 29 de noviembre y a la que tuvo acceso Europa Press, la instructora acuerda citar a los investigados los próximos días 16 y el 28 de febrero. Primero lo hará el teniente de alcalde, David Muñoz; la concejala de Empleo; Rebeca Prieto; el concejal de Cultura, Alejandro Martín; y la edil de Urbanismo María Luisa Ruíz.
El próximo 28 de febrero desfilarán ante el juez la concejala de Igualdad María Dolores Triviño, la exedil de Urbanismo Beatriz Benavides y la concejala de Educación Natividad Gómez. Todos, a excepción de uno de ellos, continúan formando parte del Gobierno local.
Las citaciones se producen después de que el pasado 18 de noviembre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, declarase como investigada en la causa, una acusación que entonces atribuyó a "una querella política", manifestado estar "muy tranquila" y mostrando su confianza en la Justicia.
La querella fue interpuesta por la formación Más Madrid Móstoles
La querella, a la que ha tenido acceso Efe, fue interpuesta en febrero pasado por los dos ediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega, al entender que el Ayuntamiento "perdonó el cobro de las tasas" que suponen la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad.
En la misma, los ediles de Más Madrid aseguraban que la decisión de no cobrar la deuda responde al "mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero" que atendieron "al interés de la empresa privada" y no al de la administración pública.
"La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años", añadían en su escrito.
Además, según los concejales de la formación, dicha decisión, presuntamente ilegal, fue tomada "a pesar de la existencia de dos informes desfavorables del Interventor y del Secretario del Ayuntamiento", cargos que fueron cesados con posterioridad al hecho, en mayo pasado.
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