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El 18 de mayo conocimos que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid estimaba el recurso interpuesto por el interventor del Ayuntamiento de Móstoles Caín Poveda, de esta manera se impugnaba su cese, que había sido aprobado en Junta de Gobierno local el 5 de mayo de 2021, alegando pérdida de confianza, y se condenaba al Ayuntamiento a hacerse cargo de las costas. Tras esta noticia, la oposición al completo hemos pedido su readmisión, y en esta tribuna queremos desgranar por qué en este tema se ha quedado tan solo el Gobierno Municipal.

La primera razón es evidente, es un cese de motivación política, a un funcionario que no tiene ninguna función política, sino de control sobre los actos del Ayuntamiento, asegurándose que su gestión se ajuste a la normativa aplicable en cada caso, por lo tanto, la “pérdida de confianza” que alega el gobierno municipal suena más a “la excusa” con la que quitarse de en medio a un funcionario incómodo que una causa justificada. Otra razón es la arbitrariedad e indefensión que se trasmite para los funcionarios públicos que se atrevan a llevar la contraria al poder político o, más grave aún, para los que denuncien prácticas corruptas; cabe recordar que el cese del interventor se produce tras un informe desfavorable de éste sobre el proyecto de acuerdo para la concesionaria ITV de Móstoles, donde se le reducía la cantidad adeudada a la mitad.

La tercera razón es la económica, pese a que el cese del interventor es una decisión que tomó exclusivamente el Gobierno Municipal, porque las consecuencias las pagarán todos los mostoleños; que rectifiquen y asuman la sentencia ya tendrá un coste, pero si deciden ahondar en su error, solo engordarán el descrédito y la factura. En el seno del Gobierno Municipal no deben de estar muy convencidos de su decisión, porque a día de hoy, el puesto del interventor sigue sin ocuparse, y sus funciones las tiene que hacer otro funcionario por sustitución.

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La última razón y no por ello menos importante es la reparación moral que supondría para un servidor público, que ha visto cómo se ha utilizado todo el aparato político del que dispone una alcaldesa, de la segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid, para atacarle y desprestigiarle. Desde Ciudadanos pensamos que los políticos debemos estar sometidos al imperio de la Ley, y para ello, es de vital importancia que los funcionarios que tienen la labor de controlarnos, tengan las suficientes garantías de que la correcta labor de sus funciones no conlleve consecuencias profesionales y/o personales, como ha sido este caso. Tal es nuestro convencimiento, que en febrero del 2021 presentamos una moción para proteger al funcionario denunciante de corrupción a la que todos los partidos se sumaron, incluido el PSOE, y tres meses después cesaron al interventor municipal.

José Antonio Luelmo

Portavoz Cs Móstoles