La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a Más Madrid Ganar Móstoles y va a reabrir el "caso ITV". Así, el órgano judicial parece haber ordenado procesar a la alcaldesa, Noelia Posse, así como a los siete concejales del Equipo de Gobierno implicados en la trama.
El "caso ITV" se remonta a 2021 cuando Más Madrid-GM interpuso una querella por un presunto delito de prevaricación del Ayuntamiento mostoleño con la empresa ITV Móstoles. Al parecer, el Gobierno local habría aprobado "perdonar" a la entidad una deuda de más de dos millones de euros, así como la reducción del canon por el uso del suelo público.
No obstante, esta acusación tuvo poco recorrido, pues el Juzgado de Instrucción n.º 1 de la ciudad archivó el caso al considerar que "no existía delito alguno cometido por los investigados". Una decisión que lamentó la formación denunciante al recordar que "existe una condonación de deuda pública a la sociedad ITV MÓSTOLES, S.L que se traduce (i) en una quita de 615.000 euros; (ii) el fraccionamiento, sin intereses ni garantías, del resto de la deuda de 615.000 euros pagaderos nada menos que a 30 años, y; (iii) la reducción del canon de 2020 y siguientes años hasta 2041 de los 147.653,59 euros iniciales a 60.000 euros anuales".
El Gobierno local habría aprobado "perdonar" a la entidad una deuda de más de dos millones de euros
En este sentido, el órgano judicial también decretó que, al contrario de lo denunciado por MM.GM, no había "voluntad de causar un perjuicio para las arcas públicas" por parte del Ayuntamiento, otro punto que motivó el cierre del caso.
Ante esta decisión, el portavoz de la formación, Gabriel Ortega, señaló que, al parecer, el Juzgado se dejó guiar por las declaraciones de los investigados, sin contar con los testimonios de los testigos del caso, así como de los informes desfavorables de los propios funcionarios habilitados para ello, quienes también advirtieron de la ilegalidad que se estaba cometiendo.
Sin embargo, MM-GM no quedó desamparado y, un año después, fue la propia Fiscalía la que pidió a la Audiencia Provincial desarchivar el caso, adhiriéndose al recurso de apelación que presentó el grupo municipal tras la resolución del Juzgado. Así mismo, la Fiscalía argumentó que, al contario de lo decretado por el Juzgado de Instrucción, sí "se originó un perjuicio a las arcas públicas toda vez que no ser resolvió la concesión ante el reiterado impago del canon, sino que se acordó una quita de 615.000 euros, se redujo el canon a 60.000 euros anuales, se acordó un fraccionamiento de la deuda pendiente sin intereses ni garantías durante un período de 30 años. Por todo ello entendemos que existen indicios suficientes de la comisión de delito".
Por su parte, desde el Gobierno mostoleño han querido aclarar las acusaciones vertidas. La portavoz municipal, Marisa Ruiz, ha manifestado que "en medio de la pandemia, una empresa de Móstoles que, además, es una concesión del Partido Popular, nos informa que si no se revisan las condiciones de su concesión tendrá que cerrar y despedir a 40 personas". Además, la edil ha remarcado que, al igual que se eliminaron los cánones de las terrazas, desde el Gobierno pidieron unos informes "sobre la legalidad del asunto, esto fue juzgado y sobreseído".
Ahora, la portavoz asegura que la Audiencia no está prejuzgando la resolución que tomó en su día la Junta de Gobierno de Móstoles, es decir, todavía no se les ha inculpado de ningún delito, "el auto lo que ordena es la continuación del procedimiento por vía ordinaria, a efectos de que las partes puedan exponer con detalles sus argumentos y que, finalmente, recaiga en una decisión judicial sobre si puede haber unos indicios de prevaricación".
En este sentido, Ruiz recuerda que existe la presunción de inocencia para los concejales del Equipo de Gobierno, "y nuestra confianza en la justicia es absolutamente plena ante esta querella".
Posse también ha intervenido aseverando que "no compartimos el fallo del Auto de la Audiencia Provincial, y, por tanto, defenderemos la validez del auto de archivo del Juzgado de Instrucción, que validó la legalidad del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno". Así mismo, la alcaldesa ha anunciado que están estudiando la presentación de un recurso para defender su inocencia "ratificada por un juzgado", y ha añadido que "esta querella política presentada por los concejales de Más MADRID solo tiene como objetivo facilitar al Partido Popular y VOX argumentos para desacreditar al gobierno de Izquierdas".
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