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El GM de VOX en el Ayuntamiento va a presentar una moción en el próximo pleno del día 28 de abril en la que se propondrá resolver "de manera inmediata" los problemas derivados del cierre de la instalación deportiva situada en Parque Coimbra, comunicado por la UTE Móstoles-Coímbra a partir del día 30 de junio de 2022.

Ante la paralización del plan de desarrollo urbanístico que preveía la construcción de 2.352 viviendas en la zona y la no conclusión de las obras de la línea C-5 hasta Navalcarnero, cuyo proyecto incluía una parada en Parque Coímbra, la explotación del gimnasio es "gravemente deficitaria" para la empresa, debido "al insuficiente número de socios y el alto coste de la energía, entre otros, a lo que hay que añadir una baja afluencia de público causada por la pandemia".

La empresa concesionaria, "en vista de la imposibilidad de rescindir el contrato de mutuo acuerdo", ha decidido resolverlo de manera unilateral a partir del día 30 de junio de 2022, por lo que los servicios deberán ser asumidos por un nuevo concesionario o por el propio Ayuntamiento de Móstoles, tal y como se establece en el artículo 15 del pliego de prescripciones técnicas.

El equipo de gobierno ya respondió entonces a las críticas del PP, señalando, en palabras de Carlos Rodríguez, concejal responsable del área de deportes, que "esta concesión es un signo de la herencia de la corrupta gestión de los dos exalcaldes del PP imputados y procesados, Esteban Parro y Daniel Ortiz, de los que Mirina Cortés era mano derecha. Si tan importante para el PP era este servicio deportivo, ¿por qué lo privatizó? Aunque ya sabemos que la seña de identidad del Partido Popular es privatizar servicios públicos. Además, la empresa basó su viabilidad en un estudio irreal que solo se sostenía con las expectativas de crecimiento urbanístico que iba a provocar el tren de Móstoles a Navalcarnero, un megaproyecto fantasma investigado por corrupción, que llevó a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y que nunca se terminó".

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"La concesión del servicio se firmó en 2006 por 40 años y la empresa lleva reclamando renegociar las condiciones desde 2010, porque según ella, le resulta deficitaria. Este Gobierno ya le ha comunicado que el cierre que plantea incumple los términos de la adjudicación que firmó con el Gobierno del PP, y, por lo tanto, no se ajusta a la legalidad", concluye Rodríguez.