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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que el “reto” al que se enfrenta el Gobierno regional este curso académico 2023/24 es la elaboración de una nueva Ley de Universidades, cuya tramitación para llevarla a la Asamblea de Madrid se prevé para finales de este año. Su objetivo es defender la libertad, promover la excelencia docente e investigadora y paliar las deficiencias y el “lastre” de la “pésima” normativa estatal en esta materia con la LOSU –ley orgánica del sistema universitario-.

Así lo ha señalado durante su participación en el solemne acto de apertura del año académico celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid, donde Díaz Ayuso ha explicado que la legislación nacional plantea, “entre otros problemas, un tremendo impacto económico”. Según el cálculo de las propias universidades, un sobrecoste de más de 100 millones de euros; “y eso contando sólo las universidades públicas de la región”. “Sin que el Gobierno de España haya ofrecido planificación, respaldo financiero o memoria económica que lo facilite”, ha añadido.

Como ha explicado la presidenta, esta nueva legislación incluirá un nuevo modelo de financiación de los centros públicos que sea plurianual y revisable, para transferirles una inversión adecuada y adaptada a sus peculiaridades, “que invierta en saber y en talento pero que, además, no deje de impulsar la Universidad como motor de innovación y progreso en estrecha relación con su entorno social económico y productivo”. El objetivo es hacer un sistema más homogéneo, de contabilidad analítica, transparente y capaz de generar y captar los recursos necesarios.

Según Díaz Ayuso, “lejos de responder a los retos actuales que tiene la Universidad” lo que hace la ley nacional es “allanar el camino a la politización de los campus” y, con tal fin, se elimina el requisito de ser catedrático para poder optar al cargo y se premia con créditos la pertenencia a cualquier asociación. “Y como muestra de los preocupantes tiempos que vivimos, se erosiona gravemente la imprescindible neutralidad ideológica de los claustros”, ha señalado.

La Ley regional de Universidades abordará cuestiones como la nueva normativa de contratación del personal laboral. Para ello, el Ejecutivo Autonómico ya está trabajando en una comisión que tiene como objetivo velar por la seguridad jurídica del proceso y contribuir a satisfacer las necesidades docentes.

Por otra parte, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades seguirá velando por garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores. Así, duplicará la partida destinada a becas socioeconómicas, que pasará de 3 a 6 millones de euros, y se continuará mejorando los procesos de tramitación y ejecución de las de discapacidad. Además, va a favorecer la presencia internacional, incrementando la cuantía de las ayudas de movilidad Erasmus Plus.

Sistema de calidad e investigador

El sistema educativo de la Comunidad de Madrid cuenta con 19 universidades (6 públicas y 13 privadas), más de 320.000 alumnos, 32.000 profesores y 12.000 trabajadores de Administración y Servicios. Además, tiene un valor único e incalculable por su riqueza, variedad y calidad como demuestra que casi el 60% de los estudiantes de nuevo ingreso procede de otras regiones, y más de 30.000 de otros países.

El Gobierno regional, además, apoya el fomento y promoción de la investigación y la transferencia de tecnología en las universidades públicas, para lo que va a invertir 32 millones de euros desde 2023 a 2026, dentro del marco del Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica VI (PRICIT).

Los importes que recibe cada una se ha determinado teniendo en cuenta el número de profesionales, la necesidades de consolidación del empleo y la capacidad investigadora. Así, la Complutense cuenta con 9,1 millones y la Autónoma con 6, mientras que la Politécnica de Madrid recibe 4,8 millones, que serán 4,4 en el caso de la de Alcalá. Por su parte, la Carlos III tendrá 4 millones y 3,7 la Rey Juan Carlos.

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