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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido a los ministerios de Hacienda y Función Pública y al de Trabajo para que el nuevo permiso parental de 8 semanas para promover la conciliación se retribuya a los y las trabajadoras que lo soliciten conforme establece la directiva europea en la que se inspira esta medida.

La Directiva (UE) 2019/1158 fija en su artículo 8 la remuneración del permiso parental: “el Estado miembro o los interlocutores sociales definirán dicha remuneración o prestación económica y lo harán de manera que se facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso parental”.

CSIF entiende que esta retribución debe ser inmediata en el caso de los empleados públicos puesto que todos los permisos tienen carácter retribuido conforme al Estatuto Básico del Empleado Público. Por su parte, en el caso de las personas trabajadoras de la empresa privada se deben adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se precisen para cumplir esta directiva.

Sin embargo, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 27 de junio, en su disposición final octava, evita de manera expresa el desarrollo de esta prestación. Por este motivo, al menos cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid) han publicado instrucciones en las que plantean dudas e incluso rechazan aplicar el citado permiso parental hasta que no se produzca el citado desarrollo reglamentario.

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