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Poco a poco, pero con toda contundencia, van cayendo los pactos entre el Partido Popular y Vox que hacen visible el enorme giro que sufrirán las políticas públicas de nuestras administraciones, desde lo local hasta lo nacional, pasando por lo regional. Es el cambio que abandera el PP, ese verano azul que nos prometen los de Feijóo y que de manera tan amable nos presentó Borja Semper. Pero la realidad es que tras ese cambio que nos quiere vender la derecha, se encuentran los mantras de la ultraderecha que están teniendo la habilidad y la fortaleza de imponérselos al PP, convirtiendo esta estival época electoral en un bochornoso espectáculo que nos sitúa al borde de una horrorosa charca azul verdosa.

La primera plaza en caer en manos de PP y Vox fue la Generalitat Valenciana. Carlos Mazón ya preside la Comunitat y se pone manos a la obra en eso de “derogar el sanchismo”. Los populares y sus socios ultras ya andan desmontando el pacto del Botanic que llevó las políticas progresistas a la región. Ahora los valencianos y valencianas tienen a un gobierno autonómico en el que la ultraderecha manda y mucho. Y ha metido en el programa de Gobierno medidas como ampliar los regadíos, eliminar los impuestos de sucesiones, donaciones y de patrimonio; apostar por una ley de protección a la familia, impulsar las tradiciones y las costumbre, limitar el uso del catalán en la enseñanza… Es decir, que el nuevo Ejecutivo elige unas políticas que obvia la crisis climática, olvida los servicios públicos, esconde la lengua, aparca la defensa de los derechos LGTBI o desprotege a las mujeres. Todo un retroceso.

En Aragón se ha firmado otro pacto entre el PP y Vox que deja a la ultraderecha la presidencia de las Cortes de Aragón, que recae en Marta Fernández, una política que pide derogar la Ley Trans, que es negacionista del cambio climático, de las vacunas contra el Covid y que dijo de Irene Montero que “solo sabe arrodillarse para medrar”. Antes de tomar posesión borró todos sus mensajes en sus redes sociales, no porque se arrepienta de ellos, que no lo hace, sino para evitar darle munición a aquellos que consideran que no es el perfil que debe tener tan alto cargo institucional.

Jorge Azcón sigue negociando con la ultraderecha para gobernar la Comunidad y, a tenor por lo sucedido en otros territorios, terminará transigiendo con todo, incluso con el trasvase del Ebro que sus posibles socios de Vox defienden, aunque para ello tengan que negar la evidencia científica. En realidad, el PP ya ha cedido dando la presidencia en el Palacio de la Aljafería a la representante ultra que defiende, como todo su partido, ese transvase que levantará a toda la sociedad aragonesa.

En Baleares, Marga Prohens gobernará para el PP en solitario. Ha conseguido que Vox no esté en primera línea de su Ejecutivo, pero le marcará el paso y la agenda. Los ultras estarán, aunque no se les vean. Ambos partidos han firmado un pacto en el que acuerdan derogar la ley trans, eliminar impuestos, defender la caza, eliminar la oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, poner en marcha un plan contra la inmigración ilegal, etc. En las Islas Baleares, el PP ocupará los sillones y la ultraderecha manejará el programa de gobierno.

En Extremadura parecía que la popular María Guardiola estaba dispuesta a no gobernar con aquellos que niegan la violencia machista. Pero su partido la llamó a capítulo y ha pasado de atacar a la ultraderecha a verla como un socio fiable y estable. En su pacto recientemente firmado, Guardiola cede una consejería de nueva creación, la de gestión Forestal y Mundo Rural. Ahora ya se encargarán de dulcificar el programa de Gobierno para que parezca que el PP extremeño no ha cedido. Pero cederá, y lo hará de la misma forma que lo ha hecho en Valencia, Baleares y Aragón.

Y al final del camino ambos compañeros de viaje, PP y Vox, ya vislumbran el Palacio de La Moncloa. Querrán terminar su cruzada contra el “sanchismo” ese slogan barato con el que entretienen a los votantes, mientras Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal preparan y ejecutan su hoja de ruta.

Una hoja de ruta que obliga a España a bajarse del tren de la modernidad en el que nos subimos hace cinco años, y que prevé que nos quedemos nuevamente en la estación del olvido mientras otros países avanzan en derechos y en el asentamiento del Estado del Bienestar.

Esas Autonomías ya las perdimos hasta dentro de cuatro años, pero aún podemos revelarnos contra ese futuro que algunos ya dan por irreversible para el Gobierno de España. Por eso la cita del 23 de julio es tan importante, porque aún podemos dejar a los que nos quieren cambiar el rumbo tirando piedras en su estanque de agua azul verdoso.