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El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha firmado el programa María Goyri con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la creación de 1.091 nuevas plazas de profesor ayudante doctor. Este acuerdo permitirá ampliar y estabilizar las plantillas de las seis universidades públicas de la región.

Viciana ha asegurado ante los allí presentes que lo único que les ha motivado a firmar ese convenio es el apoyo a las universidades públicas madrileñas. "Dice la ministra Morán que Madrid no puede permitirse perder 169 millones de euros, pero este convenio hipoteca a la Comunidad de Madrid por valor de 2.000 millones de euros durante los próximos 35 años", sentencia el consejero.

Así mismo, el dirigente de Educación, Ciencia y Universidades ha señalado que este pacto no es tal, sino que es "una imposición, es una cacicada, es un chantaje, es un Pedro Sánchez invita, y las comunidades autónomas pagan". Además, señala que, a pesar de la aportación económica estatal, "envenena a las universidades públicas, vulnerando la autonomía universitaria e imponiendo una única figura de profesor".

Para Viciana, se quiere acabar con la figura del docente asociado, el cual "permite que los profesionales lleven su experiencia a las clases universitarias". "El Gobierno de Sánchez quiere volar los puentes entre la universidad y la empresa, entre la universidad y el mundo real", sentencia el consejero, queriendo "aislar" a los centros "en la ideología y en la dependencia de los poderes públicos".

De todas las plazas, un total de 435 serán financiadas íntegramente por el Ejecutivo regional, mientras que las demás serán subvencionadas por el Estado solo durante los 6 primeros años de contrato de esos docentes. Pasado este sexenio, será el Gobierno regional el que asumirá las nóminas del conjunto de los 1.091 profesores, estabilizando sus puestos durante sus respectivas carreras profesionales. Para poner en marcha esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico aportará anualmente 17,5 millones de euros a partir del año 2025.