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La localidad de Navalcarnero continúa en el foco mediático por las consecuencias de las decisiones políticas ejecutadas a finales de los años 90 y que aún a día de hoy siguen suponiendo un lastre para la solvencia municipal. En esta ocasión, se trata de la segregación y posterior adjudicación de las parcelas pertenecientes a la Dehesa Mari Martín, finca cedida por los Marqueses de Murillo y que en un principio los empadronados pudieron disfrutar, por sorteo, para el cultivo del cereal.
La primera de ellas se solicitó en enero de 1997, por parte del Ayuntamiento a la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, que informó de forma favorable la mencionada segregación “siempre y cuando las fincas resultantes se destinen a fines agrícolas, ganaderos o forestales”. En octubre, el Consistorio pedía autorización al Gobierno regional para vender esos terrenos (enajenados de la matriz), que de nuevo daba luz verde a la petición -esta vez, contemplando su futuro uso industrial y residencial, contrario a lo estipulado tan solo unos meses antes.
De forma paralela (en abril del mismo año), el Ejecutivo Local, entonces del Partido Popular, firmaba con SEPES, la empresa adjudicataria, un protocolo por el que el Ayuntamiento se comprometía, mediante subasta restringida, a una serie de condiciones, “todas ellas perjudiciales para los navalcarnereños, ya que se iban a vender unos suelos calificados como rústicos que después se convertirían en urbanizables mediante modificación del Plan General”, explica para Televisión Digital de Madrid y Soy-de Juan Santos, actual concejal de Hacienda y portavoz de Vecinos por Navalcarnero.
La empresa adjudicataria, exenta del pago de impuestos y tasas
El precio de licitación se fijó en 1.100 pesetas/m2 (6,6 €/m2) para el futuro uso industrial y 2.200 pesetas/m2 (13,2 €/m2) para el futuro uso residencial, “muy por debajo del precio de mercado”, y agravado por el hecho de que el propio Consistorio eximía a SEPES, a través de un Convenio Urbanístico, del pago de cualquier tipo de cargas de Sistemas Generales Exteriores, tributos, licencias urbanísticas y tasas municipales, incluido el IBI y el impuesto de plusvalía a la hora de vender o transmitir la propiedad. El Ayuntamiento también accedió a aportar el aprovechamiento que les correspondiera -un 10%, por ley-, accediendo a los requisitos impuestos por la sociedad, que finalmente se hizo con los 705.181 m2, por un importe de 1.165.500.000 pesetas (7.004.796 €).
Ejecución de embargo, demanda y condena al Ayuntamiento
Sin embargo, el Consistorio incumple su propio Convenio al exigir a SEPES el pago del IBI y del Impuesto de Actividades Económicas, con carácter retroactivo, respecto a los años comprendidos entre 2005 y 2009, volviendo a girar los recibos durante los ejercicios siguientes. Ante el impago de la cuantía a la que ascendía el monto total (1.343.612,43 €), el Gobierno local ejecuta embargo a SEPES. Ésta interpone demanda ante el incumplimiento de las condiciones pactadas, en un periplo que finaliza con el Ayuntamiento condenado, años después, a devolver ese dinero, reclamado de forma contraria a la ley, más 216.446,41 € en concepto de intereses.
Unos pagos adicionales que, sumados a la cantidad que se dejaba de ingresar a lo largo de tanto tiempo, se traducen “en una estimación de 3 millones de euros que deberían estar en las arcas municipales, pero que se gastaron en cuevas, granito y estatuas sin ningún tipo de control en la contratación, algo que está certificado por la Cámara de Cuentas. Tuvimos que hacer frente a esa deuda de millón y medio de euros solicitando y refinanciando la suma con cargo al Fondo de Ordenación del Ministerio”, sostiene Santos.
El Ayuntamiento, gobernado en 1997 por el Partido Popular, adjudicó unos terrenos en la Dehesa de Mari Martin a una empresa que estaba exenta de pagar cualquier tipo de impuesto o carga fiscal.
Aumenta la deuda heredada
Todo ello culmina en una dificultad acentuada para los partidos que están en este momento al frente de la gestión municipal (PSOE y Vecinos por Navalcarnero) a la hora de poder llevar a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito municipal: “Es un cúmulo de despropósitos; si ya de por sí el pueblo de navalcarnero, representado por el Ayuntamiento, tiene una carga y una deuda con la que no puede ir, seguimos sumando pagos extra por sentencias que nos llegan, es un enorme daño causado al Patrimonio de todos los ciudadanos”, afirma.
Los hechos se denunciaron en 2011 ante el Tribunal de Cuentas. En un primer momento, la Fiscalía solicitó que se realice investigación e instrucción de lo denunciado por delitos de prevaricación, estafa y daño al patrimonio, si bien finalmente se archivó el caso “por injerencias políticas; todos sabemos que los Consejeros están nombrados por los partidos, y se justificó lo injustificable, sin penalizarse por el máximo órgano en establecer las responsabilidades contables y económicas. Solo con los documentos queda más que probado; con un millón y medio se podrían haber hecho muchas cosas, y se ha dilapidado, ha desaparecido en cuestiones ilegales, todos hemos sido perjudicados en Navalcarnero”, sostiene el concejal de Hacienda.
Desde dicha Concejalía, sin embargo, se está intentando revertir el efecto de esta clase de situaciones “para recuperar, con el nuevo cambio de Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, la posibilidad de que la empresa propietaria de los suelos pague sus impuestos, como hacen todos los vecinos”.
En septiembre de 2021, SEPES adjudica 3 parcelas, equivalentes a 50.216 m2, para la edificación de 405 viviendas, por importe de 10,4 millones de €, de los 705.181 m2 comprados en 1997 al Ayuntamiento. “Nosotros estamos a favor de que se promocione y desarrolle el suelo, pero sin esas exenciones fiscales, propias de una especulación absoluta, que permiten que una empresa venda el terreno por un precio muy superior al inicial, esquilmando el bolsillo de los ciudadanos”, concluye.