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La Sociedad OHLA (antigua constructora OHL) ha puesto en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la Comunidad de Madrid ha abonado la cantidad de 162.495.773,41 euros a su filial 100% Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. (CEMONASA), en concepto de pago de la liquidación del contrato de redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario entre la estación de Móstoles Central y Navalcarnero, que hasta el momento permanece inacabada.

De dicha cuantía, 123.389.692,28 euros corresponden a la liquidación de las inversiones realizadas en ejecución de obras y los restantes 39.106.081,13 euros a los intereses de demora desde la fecha en que debió abonarse el anterior importe. Estas cantidades se han incrementado en el IVA legalmente aplicable por un importe adicional de 25.911.835,38 euros.

Se trata de una información privilegiada sobre el negocio y situación financiera de la empresa, que se ha hecho pública en cumplimiento de lo establecido en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Ante la negativa del ministerio de Fomento de asumir esta obra de ampliación de la red de Cercanías, fue la Comunidad de Madrid la que se embarcó en este proyecto y la licitó a OHL (grupo global de infraestructuras, experto en construcción y gestión de concesiones, así como un referente en ingeniería civil e industrial) en 2010. Este trazado, en teoría tendría 15 km, 7 estaciones y estaría abierto a finales de 2015. Una década después de que se anunciase el proyecto, los vecinos de Navalcarnero y Móstoles siguen sin tener esta conexión. Además, esta obra se encuentra implicada dentro de la trama Lezo, por el presunto cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte del expresidente Ignacio González por la adjudicación de las obras del tren.

La Comunidad de Madrid había reclamado, sin éxito, una indemnización de 356 millones de euros a OHL (matriz de Cemonasa) como "responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato". El Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación presentado por el Gobierno regional contra la sentencia del TSJM, en la cual se rechazaba la resolución del contrato de las citadas obras.