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En cuanto a carencias de servicios y problemas de índole municipal, Navalcarnero adolece de dos cosas. La primera, aquel tren fantasma en el que se invirtió una millonada y que nunca llegó -ya dudamos de que algún día lo haga-, dejando sin infraestructura al “único municipio de más de 20.000 habitantes que aún no dispone de él en la región”, tal y como nos comentaba el actual alcalde de la localidad, José Luis Adell, para el programa ‘El Reto’, de Televisión Digital de Madrid.

El hombre, bastante tiene. El Consistorio debe hacer frente a una deuda heredada de más de 200 millones, derivada de un colosal gasto en cuevas, monumentos de granito y otros menesteres, llevado a cabo por el anterior gobierno, que acarrea cuantiosas condenas judiciales (con su correspondiente pena económica) y que continúa lastrando la solvencia municipal hasta límites insospechados, ya que, conforme a lo establecido por su situación de riesgo, se estima que tardará entre 40 y 100 años en recuperar su sostenibilidad. Los que estamos aquí, ya no lo veremos. Es el quinto Ayuntamiento más endeudado de España, pero llegó a ser el primero.

Comparte suplicio con el concejal de Hacienda, Juan Santos, para intentar revertir la situación, regularizar la contabilidad y bailar con esta dificultad añadida a la hora de realizar inversiones en el municipio. Éste estima en aproximadamente 3 millones de euros "una cantidad que debería estar en las arcas municipales, solamente con lo que se dejó de ingresar durante 23 años y lo que se ha tenido que pagar después cuando, años atrás, el Ejecutivo del PP optó por la exención de impuestos a SEPES por el uso de unas parcelas en la Dehesa de Mari Martín".

Al que fuera primer edil durante veinte años se le atribuyen también, por si fuera poco, otras acciones con la sombra más alargada que un ciprés, las cuales, por supuesto, siguen influyendo en el día a día de la gestión municipal presente, como “obras no realizadas, pasos de Semana Santa que no aparecen y numerosas irregularidades contables, administrativas y contractuales”.

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En el mes de marzo se tuvo que aprobar una operación de pago a proveedores para evitar incrementar el agujero en casi 16 millones más. Una medida destinada a cancelar las obligaciones pendientes de abonar, y de obligado cumplimiento para aquellos municipios que superen el periodo de 30 días. En Navalcarnero, la demora a la hora de pagar facturas llegó a ser de 3 años.

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