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El grupo Municipal Vecinos por Navalcarnero ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "pretende modificar de forma urgente, unilateral y sin información previa a los Ayuntamientos el Programa de Inversión Regional 2021-2025, pasándolo al período 2022-2026".

Según han explicado, el Gobierno contaba con 5 meses para que se aprobará el Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional 2021-2025. "Han pasado 8 meses y el Gobierno Regional ha sido incapaz de aprobar ese Plan de Actuación, proponiendo modificar el período del PIR a 2022-2026 dejando así a todos los ayuntamiento de la Comunidad al descubierto, desamparados, sin financiación y sin margen de reacción para el ejercicio 2021", declara el partido.

"Es insultante e indignante que, el Gobierno de la Comunidad, justifique la modificación que pretende del PIR como una medida de defensa del interés general y municipal, cuando la realidad es justo lo contrario", reclaman desde el partido. Asimismo, explican que ha dejado a todos los ayuntamientos "abandonados a su suerte", recalcando que el Ayuntamiento de Navalcarnero es uno de los más afectados por la situación económico-financiera.

Los Ayuntamientos han incluido en los presupuestos para el ejercicio de 2021 la financiación que provendría de este Programa de Inversión en base al Decreto aprobado por el Gobierno Regional en diciembre de 2020, en el caso de Navalcarnero eran 1.620.000€. "Quedando apenas cuatro meses para finalizar e ejercicio 2021, el Gobierno Regional proponer dejar tirados a todos los Ayuntamientos de la Región, con unos compromisos de gastos ya adquiridos o ejecutados en base a dicha financiación", explica Vecinos por Navalcarnero.

El grupo municipal acusa al Gobierno Regional de vulnerar, con todos los Ayuntamientos de la Comunidad, los principios generales de colaboración y asistencia "garantizando el principio de suficiencia financiera de las entidades locales".

"Los principios constitucionales que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, se ven tremendamente mermados por esta pretendida actuación del Gobierno Regional, al intentar imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho".

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