Todos los partidos saben desde hace años que uno de los principales problemas que tienen encima de la mesa y que la ciudadanía reclama soluciones inmediatas es el tema de la vivienda. Se trata de una cuestión que comenzó afectando a los jóvenes, que tienen cerrado el acceso a una vivienda asequible tanto en régimen de propiedad como de alquiler desde hace mucho tiempo. Pero, como reconoció la ministra Isabel Rodríguez hace unos días, este asunto se ha desbordado y ya afecta de manera generalizada a toda la sociedad.
Ahora parece que llegan soluciones, pero cada Administración tiene sus propios ritmos y caminos. El Gobierno central apuesta por convertir la vivienda en un bien social, como bien dijo la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, hace unas semanas. Y ponen encima de la mesa medidas a corto, medio y largo plazo. Entre las medidas a corto plazo se encuentra el Índice de Precios del Alquiler que ya opera en las zonas tensionadas. No es la panacea, además no cuenta con el consenso entre los partidos y veremos cuáles son los resultados de tasar los precios. Isabel Rodríguez dice que se trata de una medida temporal y que el objetivo es que los precios no se disparen en las zonas con más dificultades.
El principal escollo de esta medida es que las Comunidades gobernadas por el PP han dicho que no piensan aplicar esta medida. Recordemos que la vivienda es una competencia autonómica y son ellas las que tienen la ultima palabra en este asunto. Abanderada de esta posición es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que cree que el mercado se regula solo y que cuanto menos intervengan las Administraciones Públicas mejor. La experiencia nos dice lo contrario, pero la lideresa de Madrid no piensa desaprovechar ni una oportunidad para confrontar con Sánchez.
Las políticas por las que apuesta Ayuso se resumen en su Plan Vive que se está desplegando muy lentamente y no parece que haya tenido mucho éxito en sus inicios. En Alcorcón, por ejemplo, los inquilinos ya ocupan viviendas construidas bajo este plan y sufren por los altos precios y por la mala calidad de la viviendas. Según los datos, estos pisos del Plan Vive pueden ser incluso un 28% más caros que algunos que se encuentran en los portales inmobiliarios. La Comunidad anunció que esos precios serían un 40% más baratos que los del mercado libre: Primer fracaso. Los primeros inquilinos, además, se encuentran con inmuebles que presentan goteras, grietas, acabados deficientes... así que les tocará lidiar con su casero: Segundo fracaso.
Todas las miradas están puestas en Cataluña, única Comunidad que ha declarado a 140 municipios como zonas tensionadas en las que ya se tasan los precios de los nuevos alquileres. Si funciona, posiblemente otras autonomías activarán esta herramienta de la Ley de Vivienda, si no funciona, el Gobierno deberá dar explicaciones. En Madrid, por ejemplo, de los 179 municipios de la región solo 4 presentarían precios por debajo de lo que supondría declararlo zona tensionada. Es decir, que Madrid es ahora mismo una gran zona tensionada. Pero la presidenta Ayuso no lo cree así y resulta cuanto menos curioso que no vea el problema cuando siempre afirma que no ha sido capaz de tener una casa en propiedad. Pues si ella no lo ha conseguido, que se ponga en la piel de los jóvenes que no tienen, ni de lejos, sus suculentos ingresos.
A medio y largo plazo, el Gobierno de Sánchez se propone levantar un potente parque de viviendas públicas. Para ello se está destinando ingentes cantidades de dinero, veremos a ver donde acaba, Por ejemplo, la semana pasada, el Ejecutivo anunció la inversión en Madrid de 140 millones de euros para la construcción de más de 3.500 viviendas en alquiler social. A nivel nacional, la inversión alcanza los 1.000 millones de euros para levantar 25.000 viviendas, gracias a los 211 acuerdos firmados con las autonomías y las entidades locales, ocho de ellas se encuentran en la Comunidad de Madrid. Como ejemplo, podemos fijarnos en los 4,5 millones de euros que llegarán a Leganés una cantidad con la que el Ayuntamiento, a través del EMSULE, podrá financiar la construcción de viviendas que finalmente se destinen a los jóvenes del municipio. El problema está en las fechas. No sabemos ni plazos de construcción, ni mucho menos de entrega. Así que los jóvenes deberán armarse de paciencia.
Pero la falta de vivienda no es el único problema que tenemos encima de la mesa: necesitamos soluciones para modernizar nuestro envejecido parque de viviendas, preparar los inmuebles para el cambio climático, para la eficiencia energética, para la accesibilidad universal. Y para eso hay que destinar fondos que, de momento, están viniendo de los Fondos de Recuperación.
Otro problemón: los pisos turísticos. En Madrid y en otras ciudades con claras potencialidades turísticas el mercado del alquiler destinado a los turistas se ha disparado. Y tras esos alquileres no hay viejecitos pensionistas que alquilan su casita para complementar su pensión, hay enormes empresas que acumulan centenares de pisos que alquilan a través de aplicaciones móviles. Hablamos de negocios con 200 o 300 pisos que han construido un megahotel disperso por toda la ciudad, que se benefician de la falta de regulación y hacen una clara competencia desleal. Este problema no es exclusivo de nuestro país. En EEUU, por ejemplo, concretamente en Nueva York, los pisos turísticos se han convertido también en un problema, pero los americanos parece haber encontrado la solución: con la nueva legislación, el 86% de los pisos dedicados al alquiler turístico han quedado fuera de las normas.
En España, asistimos una vez más a la confrontación política entre Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas, una lucha partidista más entre PSOE y PP. Y mientas tanto, nuestros jóvenes siguen esperando soluciones.