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La pandemia nos ha dejado un panorama sanitario y social devastador. Si aún no nos habíamos recuperado de los estragos que nos ha causado la crisis de 2008, el Covid-19 ha ahondado en la desigualdad. Una desigualdad cada vez más profunda que se acrecienta si comparamos España con otros países europeos.

En esa “odiosa” comparativa, cabe hablar de impuestos. Mientras los países comunitarios se han decantado por afrontar esta nueva crisis económica con una fiscalidad baja, España ha preferido recrudecer su política impositiva. Ha gravado a las grandes fortunas, a las empresas y pymes y, también, al trabajador medio con una subida de IRPF. Nosotros siempre a contracorriente.

Europa nos pide más austeridad. Tras años de perder poder adquisitivo y derechos sociales, esta sintonía a los españoles ya se les atraganta como un mal hit veraniego cuando llega septiembre. Será por eso (y por no pagar el coste político) que el Gobierno central, no contempla esta vía.

Es en este punto donde siempre sobrevuela la misma cuestión: ¿por qué no avanza Europa hacia un marco fiscal común? La cumbre del G20 promete una fiscalidad acorde al siglo XXI y se compromete a tender puentes, pero, aquí, nos toca ser escépticos. Los impuestos son la herramienta más competitiva para atraer inversión, empleo y riqueza a un estado. ¿Se imaginan lo que pasaría si todos jugasen con las mismas normas? No habría un desequilibrio competitivo, ningún país sobresaldría. ¿Creen entonces que una fiscalidad común sería posible?