El objetivo de la política de becas y ayudas al estudio de las administraciones públicas debe ser garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia al sistema educativo. Se trata, por tanto, de garantizar una justicia redistributiva.
En un mundo globalizado, la educación y el aprendizaje del alumno depende en gran parte del nivel socioeconómico de su familia por lo que supone de una importancia aún mayor que se implementen herramientas que permitan disminuir los desequilibrios de partida para que funcione lo que siempre se ha venido en llamar el ‘ascensor social’ que parece cada vez más estropeado.
La política educativa de la Comunidad de Madrid parece haber desvirtuado ese objetivo primigenio de las becas cuando decidió asumir el coste de la educación a familias que superan ampliamente la renta media de la región. Dichas controvertidas ayudas que se pusieron en marcha en el curso del año 2019, conocidas como ‘becas para ricos’, han sido objeto de critica de la oficina del Defensor del Pueblo que recomienda a nuestro Gobierno regional revisar los criterios de renta establecidos en su normativa.
Esta recomendación conocida hace pocos días da respuesta a una queja de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, que siempre ha manifestado su desacuerdo a los criterios fijados para el acceso al estudio en centros privados de Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional.
Se da la circunstancia, señala el Defensor del Pueblo, que hay en Madrid ayudas para alumnado con rentas altas mientras se niegan becas de comedor a alumnos que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.
La Consejería de Educación se defiende de las críticas explicando que lo que pretenden con estas ayudas es promocionar la excelencia académica y apoyar la voluntad de la ciudadanía de elegir libremente el centro de estudios que quieren para sus hijos.
Una vez más, el equipo de Ayuso recurre al concepto de libertad para tratar de vendernos su mensaje político. Pero en esta como en otras tantas ocasiones, esa libertad de la que nos hablan resulta ser un concepto falso. La realidad de las familias madrileñas es que las posibilidades de elegir centro educativo quedan limitadas por el tamaño de nuestras carteras. Es decir, solo podemos elegir el colegio para nuestros hijos que nuestro bolsillo permita pagar.
La situación es absolutamente delirante en etapas como las de Bachillerato en la que la Comunidad concede el 94,2% de las becas solicitadas y que permite que familias con ingresos que superan ampliamente los 100.000 euros anuales puedan optar a que nuestros impuestos paguen los estudios privados de sus hijos.
La apuesta por una Educación Pública y de calidad es lo que nos permitiría igualar las oportunidades de todos reduciendo el peso de la situación económica de cada familia. Por eso hay que apostar por centros públicos y gratuitos de la máxima calidad posible. Y extender esa gratuidad a ciclos como Bachillerato y, sobre todo, de Formación Profesional para que el ‘ascensor social’ vuelva a funcionar.