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En la lectura de diversos informes sobre la democracia en España, la regeneración política y democrática lleva tiempo apareciendo dentro de los indicadores de consulta en las entrevistas a los ciudadanos. Dicha regeneración exige hablar de asuntos como el papel de nuestros partidos, una combativa lucha contra el fraude fiscal, la protección de los denunciantes en casos de corrupción y entre otros más, la transparencia en la contratación y en las subvenciones públicas. Como en todas las batallas de ideas y en sintonía con las demandas de la sociedad, la regeneración no puede quedar como un mantra en estos tiempos del marketing político.

Sí, los hay que han pervertido muchas reglas de convivencia y de la verdadera democracia para seguir enquistados en las estructuras de pensamiento y de actitud que hacen que todo cambio sea una entelequia y quede ridiculizado ante los que viven cómodamente favoreciendo el inmovilismo en los demás, la aceptación de viejas formas de actuar y de entender una cultura organizativa. El resultado: una desafección unida a la desconfianza ciudadana, que alejan a la sociedad de todo buen y sano desarrollo del ideal democrático.

Se acordarán de la funcionaria que fue denunciante y testigo clave en el caso Gürtel, Ana Garrido. Esta trabajadora denunció la adjudicación de contratos y servicios de manera irregular en el Ayuntamiento del que era técnico de Juventud y el acoso laboral al que fue sometida; recopiló toda información y pasó sus informes a la Fiscalía. El resultado fue dejar el Ayuntamiento tras denunciar acoso y recibir denuncias y llamadas amenazantes.

Para el 17 de diciembre de 2021, todos los países miembros de la UE tendrán que cumplir con los estándares mínimos establecidos por la Directiva de Protección de Denunciantes de la Unión Europea (EU Whistleblower Protection Directive). Hay mucho trabajo por hacer en relación a los países de la UE que aún no cuentan con legislación de protección de denunciantes. También, muchas organizaciones necesitarán establecer nuevos sistemas y políticas de denuncia de irregularidades o revisarlos. Esto supone un cambio en la cultura de las organizaciones en cuanto a la protección de denunciantes de irregularidades en los diferentes países, exigiendo que se impongan sanciones a quienes intenten obstaculizar la denuncia o contra quienes revelen la identidad del denunciante. También se prohíbe cualquier amenaza o intento de tomar represalias contra los denunciantes imponiéndose sanciones penales, civiles o administrativas.

En octubre de 2019, la UE adoptó esta Directiva. Durante más de una década, el Parlamento Europeo había pedido repetidamente una ley europea sobre la protección de los denunciantes. El Consejo tenía entonces un interés político mínimo en abrir debates sobre la denuncia de irregularidades, ya que muchos Estados miembros carecen de leyes nacionales con las protecciones adecuadas, hasta que el escándalo 'LuxLeaks' expuso los regímenes fiscales en Luxemburgo y la presión pública también logró que la Comisión propusiera esta Directiva en abril de 2018. Por tanto, la promoción por parte de la sociedad civil fue un factor importante para aumentar la conciencia pública y la presión pública para que se produjeran cambios legales.

Con esta Directiva se impone un cambio en las reglas del juego, con una definición amplia de quién puede ser un denunciante, extendiéndose tanto al sector público como al privado. Como vemos, todas las formas de represalia contra los denunciantes están prohibidas y, en el caso de una supuesta represalia, la carga de la prueba recae en el empleador, no en el denunciante. En todos estos desafíos, los sindicatos pueden ayudar a los legisladores nacionales a garantizar el pleno potencial de la Directiva. Estos sindicatos deben desempeñar un papel importante a la hora de influir en la cultura laboral contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta en la denuncia de irregularidades. También, deben garantizar que los denunciantes sean conscientes de que sus opciones de denuncia incluyen a los sindicatos. Al asumir un papel activo en el proceso de denuncia de irregularidades, los sindicatos pueden amplificar la voz de los empleados y alejarse de la práctica predominante en la actualidad en la que el denunciante es la única voz para dar la alarma en favor del interés público.

Esta Directiva de la UE sobre denuncia de irregularidades llena, así, un importante vacío legislativo, sobre todo para los Estados miembros que no tienen legislación sobre la protección de los denunciantes, como es el caso español. Se aplica sobre una amplia gama de ámbitos administrativos y leyes de gran importancia, como lo referido a la contratación pública, los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y entre más, la protección de la privacidad y los datos personales. Los denunciantes quedan protegidos contra la terminación del empleo, los impactos negativos en los ascensos o el salario, las evaluaciones de desempeño negativas injustificadas, los traslados y cambios de lugar de trabajo y el acoso o la discriminación, llegando a prever la asistencia jurídica y costas de los denunciantes.

Más allá de la ley, la funcionalidad de la protección de los denunciantes depende, en gran medida, de la cultura organizacional. La protección eficaz del denunciante tiene al menos dos componentes principales: qué le sucede al denunciante después de que denuncia y qué medidas se toman para abordar la infracción denunciada por el denunciante. En las organizaciones en las que prevalece una cultura del secreto, o en las que se penaliza en lugar de fomentar la denuncia, las normas formales como la Directiva sobre denuncia de irregularidades pueden servir como punto de partida, pero su pleno cumplimiento requeriría un cambio cultural.

La transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción, etc., suenan como valores necesarios para la regeneración de la que tanto se habla; aspectos éticos que nacen de una dimensión social y colectiva que consagra un modelo de política y de sociedad alejado de intereses particulares, mostrando que cuanto más particulares son y más alejados estén del bien común, menos razón se tiene. Y como en el caso de la funcionaria Garrido y de tantos más, pensando en esa dimensión en clave de que no se necesitan héroes sino ciudadanos.

Profesora de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Politóloga, terminando sus estudios en la Universidad de Estocolmo y Socióloga con enfoque en el análisis de los problemas sociales. Diplomada en Marketing y Publicidad y Abogada colegiada ejerciente, colaborando como docente en el Máster de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, con perspectiva en política social y de los derechos humanos. Postdoc por la Universidad de Évora con un trabajo de investigación sobre el teletrabajo y la conciliación. Autora de varios libros y artículos sobre los efectos de la crisis económica, la buena evaluación de las políticas públicas, la calidad de las democracias y sobre las políticas de conciliación laboral y familiar, entre otros. Muy interesada en las instituciones de lucha contra la corrupción de los países nórdicos y también en la UNED, formando parte del consejo docente e investigador acerca de los Estados de Bienestar.