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La aprobación de esta normativa supondría una intervención por parte de la Policía mucho más rápida, pudiendo llegar a desalojar una vivienda en un plazo "exprés" de 24 horas, evitando la espera de varios meses que actualmente está vigente. Además, esta ley endurecería las penas por ocupación ilegal que, pasando de la multa que actualmente se paga, podrían llegar a suponer el ingreso en la cárcel de uno a tres años, además de contemplar la figura de "mafias de okupación".

Además, el texto incluye la ampliación de la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas.

La proposición de ley también otorga unos derechos a las comunidades de propietarios en el caso de que ocupantes ilegales realicen actividades molestas, además de considerar nula su inscripción en el padrón municipal, para lo que es necesario una modificación de la Ley de Bases de Régimen local.

La presidenta del grupo municipal popular, Susana Pérez Quislant, ha señalado que “cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se despoja de un derecho que también tiene amparado en la Constitución. No puede ser que la ocupación ilegal se convierta en una solución válida para una minoría, cuando es un problema para la mayoría”.