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El PSOE, Somos Pozuelo y Vox siguen en su lucha particular para que el equipo de Gobierno Local acceda a modificar la normativa municipal y se ajuste a las nuevas realidades ante la preocupación de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad por la proliferación de algunos nuevos negocios de restauración, conocidos popularmente como ‘cocinas fantasma’.

Las tres formaciones políticas piden al Ejecutivo de Susana Pérez Quislant que estudie y actualice las ordenanzas municipales y, más a largo plazo, el PGOU, para que se pueda controlar dónde se pueden ubicar estos establecimientos. Se trata de cocinas industriales que si se sitúan en zonas residenciales causas enormes perjuicios para los vecinos debido a los malos olores de las chimeneas, los humos, los ruidos y la afectación del tráfico. Hay que tener en cuenta que estos negocios necesitan de numerosos repartidores en moto, coche y otros vehículos que llenan las calles de tráfico, aparcan en las aceras, en doble fila....

Sin embargo, en principio, el Gobierno municipal se niega a escuchar las peticiones de los grupos de la oposición. En el pleno del mes de enero, en el que se debatió el asunto tras una moción presentada por Vox, tanto el PP como Cs compartieron argumentos. Para ellos, la legislación vigente tiene en cuenta este tipo de negocios y no se necesita cambiar la normativa. Además, acusan a sus oponentes de crear alarma entre los vecinos. Pero son los propios vecinos los que se han dirigido a los partidos municipales pidiendo que se controle la situación. No quieren que sus casas queden rodeadas de cocinas industriales y sufrir los inconvenientes de ello.

Nuevos negocios

Este tipo de negocios ha surgido en torno a la moda de la comida a domicilio y está suponiendo un auténtico problema en ciudades como Madrid, donde los vecinos tienen que soportar al lado de sus domicilios enormes cocinas industriales que alteran la normal vida de los barrios. Bajo la apariencia de negocios de restauración y acogidos a su legislación, estos establecimientos no tienen mesas, ni sillas, ni clientes a los que atender en ellos, solo reciben cientos de ‘riders’ que recogen los pedidos que allí se realizan.

El problema surge con los vecinos de los lugares en los que abren estos comercios que tienen que soportar malos olores, ruidos, tránsito de tráfico de motos y coches de reparto… y poco o nada se benefician de lo que aportan estos negocios al barrio. No atraen visitantes, ni dan vida a sus calles solo cosas negativas.

El PSOE se dirige a la alcaldesa

Ante esta situación, el PSOE, de la mano de su portavoz, Ángel G. Bascuñana, nos explicaba hace una semana en Televisión Digital de Madrid y SoydeMadrid.com que han enviado una carta a la alcaldesa Susana Pérez Quislant para que desde el consistorio se ponga control a estas nuevas actividades. Para Bascuñana se está generando un problema porque “estas cocinas generan olores, generan residuos, generan problemas de tráfico y también emisión de contaminantes”.

Por ello la postura del PSOE es clara “hemos planteado modificar la ordenanza medioambiental incorporando el concepto de cocina industrial (…) incorporar ese concepto a la norma urbanística para saber las licencias que se conceden (…) y a medio plazo modificar puntualmente el Plan General de Ordenación Urbana para modificar la calificación del suelo donde se pretenden instalar estas cocinas”.

En el pleno del pasado mes de enero, los socialistas relataron que en Pozuelo ya hay tres casos de cocinas industriales que preocupan a los vecinos. Dos de ellos situados en el barrio de La Estación y otro en Pozuelo Pueblo. La concejala Elena Moreno quiso saber si estos tres negocios que están iniciando su actividad habían solicitado las autorizaciones correspondientes para ejercer esta actividad económica. Además, los vecinos de estas zonas ya han mostrado su preocupación por si en un futuro se ven invadidos por otras cocinas de similares características.

Además del PSOE, Vox también se ha interesado por este asunto. De hecho fue el primer Grupo Municipal que lo llevó a pleno en forma de moción para que se estudie el uso urbanístico de las cocinas fantasma. En dicha moción instaban al equipo de Gobierno a que “mediante los trámites legales oportunos, se proceda a la clarificación del uso permitido para la autorización de instalaciones de cocinas agrupadas o similares dentro de los usos contemplados por nuestra normativa municipal y que de forma complementaria se revisen las Ordenanzas municipales que pudiesen estar afectadas por este tipo de actividad”. Pero la moción quedó rechazada con los votos del PP y de tres concejales de Cs.

En el mismo debate, Somos Pozuelo presentó una enmienda a la moción para que se añadiera un punto consistente en la congelación de la concesión de licencias a este tipo de negocios durante 2 años hasta que se ajustara la normativa a la realidad. Sin embargo, fue rechazada por el Grupo Municipal proponente, en este caso, Vox.

Tanto el PP como Ciudadanos, que consiguieron con sus votos rechazar la moción, adujeron argumentos parecidos. La concejala de Ciudadanos, Carmen García Palomino, dijo que “las normas urbanísticas del Plan General de Pozuelo de Alarcón (…) dicen que “es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos según las precisiones que se expresan a continuación: apartado a), producción industrial, que comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de productos por procesos industriales e incluye funciones técnicas, económicas y especialmente ligadas a la función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de medios de producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados para suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin venta directa”. Y el apartado d), producción artesanal y oficios artísticos, que comprende actividades cuya función principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables por procedimientos no seriados o en pequeñas series que pueden ser vendidos directamente al público o a través de intermediarios”.

Entiende la edil de Ciudadanos que en estas líneas queda recogida la actividad de las cocinas industriales y, por tanto, defiende su grupo que la regulación existe y lo único que hay que hacer es que se cumpla esta legislación. Aparte del debate jurídico, lo realmente importante es lo que perciben los ciudadanos y si éstos ven con preocupación la situación y no quieren que sus barrios se llenen de estos negocios, habrá que darles solución, no decirles que como está regulado y se cumple la normativa, pues se acaba la cuestión.

Por su parte, Francisco Melgarejo Martínez, del PP, se refirió a esta misma normativa que expuso la edil de Ciudadanos y añadió que habría que apostar por “medidas correctoras” para que estos negocios no causen molestias a los vecinos. Habló de “medidas de aislamiento acústico, medidas de eliminación de olores, medidas de extracción”. Si es su apuesta, el siguiente paso sería explicar a los vecinos qué medidas se les va a obligar a cumplir a las empresas que gestionan estos establecimientos, quién velará por que se cumplan y analizar junto con los vecinos si son suficientes para que se consiga el objetivo primordial que no es otro que los pozueleros y pozueleras puedan convivir con estos negocios ya que no suponen un perjuicio para ellos.

Cerró su intervención afirmando que lo importante en este debate era “tranquilizar a nuestros vecinos y no aprovecharnos de su preocupación para traerlo a este Pleno". Sin embargo, no parece que este tema se cierre definitivamente y será cuestión de debate cada vez que estas cocinas fantasma lleguen a más barrios de nuestro municipio.