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La Comunidad de Madrid refuerza en 2024 la Administración de Justicia en la región con la dotación de medios para cinco nuevos juzgados y tres plazas de magistrado para la Audiencia Provincial –dos de orden Penal y uno de Civil-. En concreto, se trata de dos de lo Social –no 50 y 51 de Madrid-, dos de los Penal –no 38 y 39 de la capital- y uno de Primera Instancia e Instrucción –no 10 de Arganda del Rey-.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que “continuaremos en 2024 dotando de más y mejores medios a la Administración de Justicia para que pueda realizar su trabajo con eficacia y con absoluta independencia”. El Boletín Oficial del Estado publicó a final de 2023 el Real Decreto Ley que define la creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023, y de adecuación de la planta judicial en España. Establecía el 31 de marzo la fecha para la puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados y el 31 de enero las plazas de magistrado.

García Martín también ha recordado que “una de las prioridades del Ejecutivo autonómico es acercar la Administración de Justicia a los madrileños, hacerla accesible, tanto para los usuarios como para los profesionales”. La Comunidad atendió en 2022 a 111.351 ciudadanos que solicitaron asistencia jurídica gratuita, lo que representa un aumento del 3,5% con respecto al año anterior. Este derecho reflejado en la Constitución Española incluye los servicios de turno de oficio y la orientación durante todo el proceso. Esta labor la realizan los abogados y procuradores de los colegios profesionales y es íntegramente financiada por el Gobierno regional. En 2023, la inversión en esta partida superó los 52 millones de euros, un 6,4% más que en 2022.

La Comunidad atendió en 2022 a 111.351 ciudadanos que solicitaron asistencia jurídica gratuita, lo que representa un aumento del 3,5% con respecto al año anterior. Este derecho reflejado en la Constitución Española incluye los servicios de turno de oficio y la orientación durante todo el proceso.

Esta labor la realizan los abogados y procuradores de los colegios profesionales y es íntegramente financiada por el Gobierno regional. En 2023, la inversión en esta partida superó los 52 millones de euros, un 6,4% más que en 2022.

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