Marta Holgado Madruga (Salamanca, 1972) es una de las dos fiscales adscritas a la Fiscal de Sala Contra la Violencia Sobre la Mujer. Se incorporó al cargo en enero de 2021, después de años de “trabajo de trinchera” en las fiscalías de Tarragona, Alcalá de Henares y Toledo. Su nuevo puesto se integra en una unidad especializada “no operativa”. Ahora no acude al juzgado ni asiste a juicios: “Nuestra misión es establecer criterios a nivel nacional, resolver dudas de compañeros, realizar informes para otros órganos, fomentar la colaboración institucional con otras entidades como el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial o del Observatorio Contra la Violencia de Género o emprender labores de divulgación e información”, explica por teléfono.
El martes 30 de noviembre participa en la jornada ‘Hacia una justicia feminista’, que se celebra en el Ayuntamiento de 10.30 a 13.30, con motivo de la campaña municipal contra las violencias machistas que cada noviembre organiza la ciudad.
Participa en la jornada ‘Hacia una justicia feminista’: como fiscal, ¿qué entiende por justicia feminista?
La justicia feminista es el traslado a la justicia del feminismo, que es la consecución de la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Eso implica una labor tendente a la erradicación de todas las acciones y comportamientos que impliquen una actuación violenta del hombre sobre la mujer basada en motivos de género, en un patrón de desigualdad o asimetría, un poderío que el hombre quiere ejercer sobre la mujer. Esos comportamientos que están cercenando la igualdad efectiva deben ser erradicados.
La perspectiva de género parte de concebir una justicia libre de estereotipos. Llevar a cabo nuestro trabajo siendo conscientes de que la discriminación entre hombres y mujeres no procede de una diferencia entre sexos sino de los diferentes roles que, de manera ancestral, han sido considerados como propios de hombres y mujeres. ¿Cómo proyectamos eso en la justicia? De manera múltiple. A la hora de enfrentarnos a un procedimiento, prescindiendo de todo estereotipo, opinión personal o preconcepción que podamos tener sobre la víctima ante una determinada situación. Es necesario que la víctima se sienta protegida, acompañada y amparada durante el procedimiento judicial. Todo esto es también trasladable a la fase de enjuiciamiento: interrogatorios a la víctima que sean empáticos y no dejen traslucir estereotipos. La posibilidad de que la víctima pueda explicar los hechos con total libertad. La perspectiva de género debe impregnar nuestras actuaciones en investigación y enjuiciamiento. Existe una guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de delitos de violencia de género, elaborada en diciembre de 2020 por nuestra unidad.
Primer semestre de 2021: de 28 mujeres asesinadas solo siete habían formulado denuncia
El sistema judicial no es un ente abstracto. Lo integramos una serie de piezas, los operadores jurídicos. A veces, los operadores jurídicos no desarrollamos nuestras funciones con perspectiva de género o realizamos planteamientos inadecuados. El sistema no es un bloque que cambie por sí mismo. Tenemos que transformar la forma de actuar de las personas que integramos ese bloque. Es fundamental, en este sector, como en todos de la vida, llevar a cabo una labor de formación y sensibilización entre jueces, fiscales, magistrados, abogados, procuradores, policías… Cuando te formas y conoces, tienes la capacidad de interiorizar. Y las cosas se cambian desde la raíz, desde abajo con una actitud proactiva.
Esa ley es absolutamente pionera. Muy consensuada por todos los partidos políticos, resultó esencial y multidisciplinar, y ciertamente solo contempla las formas de violencia circunscritas al ámbito de la pareja o la expareja. Pero también tenemos el Convenio de Estambul, que forma parte del derecho español desde 2014. Y este convenio avanza: concibe la violencia sobre la mujer por razones de género como todo tipo de violencia que se dirige contra la mujer por el hecho de ser mujer y ya no solo circunscrita al ámbito de la pareja o expareja: violencia física o sexual, coacciones, privación de libertad…
Es un dato muy preocupante. Primer semestre de 2021: de 28 mujeres asesinadas solo siete habían formulado denuncia. Eso supone que tenemos un 75% silente, que no ha llegado nunca al sistema judicial, que no ha ido ni a denunciar un comportamiento leve. Es necesario fortalecer a la víctima de forma previa al inicio del proceso, con una colaboración integral.
Queda, pero se ha avanzado. En el pasado, se pensaba que la violencia sobre la mujer se tenía que solucionar en el hogar, eso de los trapos sucios se lavan en casa. En ese ámbito de clandestinidad, tan asfixiante, es imposible que una mujer pudiera demandar ayuda. Ahora todo se proyecta más al exterior. La sociedad está más concienciada. En muchos procedimientos vemos cómo el inicio de la intervención policial se produce porque llama un vecino, por ejemplo. Es muy importante la colaboración vecinal y familiar. O la colaboración social íntima de las amistades.
También la colaboración social extensa, cuando en la calle contemplas un comportamiento agresivo de un hombre hacia una mujer y lo denuncias o intervienes. Todo eso es importante para que la mujer se anime a emprender un proceso judicial. Porque la mujer también se puede retraer ante la perspectiva de verse inmersa en un proceso del que desconoce la duración. Algunos requieren mayor profundidad de investigación, informes psicosociales y otras cuestiones que dilatan el proceso. Y no se ven con fuerzas. Porque enfrentarse a eso le comporta un daño adicional, pues ya acude con una mochila muy dura de situaciones horribles que le han pasado.
Ahí tenemos que avanzar con técnicas que nos permitan conocer, proteger y empatizar con la víctima. Hacerle el entorno judicial, ya de por sí desconocido y hostil, más amable para que pueda resistir. El proceso judicial es duro y desgasta. Y para una víctima de esas características, mucho más. Para que una mujer pueda ser protegida tiene que denunciar.
El mensaje es que seguiremos trabajando de forma intensa y concienzuda para erradicar definitivamente cualquier comportamiento que implique una violencia del hombre sobre la mujer. Un comportamiento completamente injustificado que supone una violación clara de los derechos humanos. Es nuestra obligación como servidores públicos.
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