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La polémica por la ampliación del vertedero de Pinto también ha llegado a San Martín de la Vega y une en una postura contraria tanto al gobierno municipal socialista como al principal partido de la oposición, el Partido Popular. Durante este mes de abril, el ayuntamiento se encuentra recogiendo firmas de los vecinos en diferentes puntos del municipio. Los primeros días se logró alcanzar una cifra cercana a las 700 firmas. La campaña fue aprobada en el pleno del mes de marzo.

El portavoz del gobierno local, Sergio Neira, explicaba que la ampliación del vertedero “tendría numerosos efectos perjudiciales en el entorno ambiental y zonas de especial protección para aves (ZEPAs) dentro de la Red Natura 2000”, ya que se pretende “eliminar la protección ambiental de 80 hectáreas del Parque Regional del Sureste, suponiendo que se posibilitaría doblar la superficie ocupada en la actualidad por las instalaciones del vertedero que se encuentran al límite”. “Pasaría de las 148 hectáreas actuales a 228 hectáreas, cuya superficie se extendería tanto por los término municipal de Pinto como por el de San Martín de la Vega”, indicó el portavoz.

El Partido Popular de San Martín también ha expresado su disconformidad con el proyecto. Aún así, el portavoz popular en el consistorio, Marcos Ocaña, recuerda que fue el PSOE, cuando gobernaba la Comunidad de Madrid en 1986, quien acordó con el antiguo alcalde de Pinto de Izquierda Unida la construcción del vertedero, lo que "acabó en los términos limítrofes con San Martín de la Vega". Además, el portavoz popular critica que fue la alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, cuando presidía la Mancomunidad del Sur, quien aprobó la ampliación. "Ha pasado de permitir la ampliación a ponerse en contra cuando dejó la presidencia de la Mancomunidad", ha criticado Ocaña.

Desde el gobierno local anuncian que reclamarán a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid “compensaciones a los municipios afectados por la ubicación de este tipo de instalaciones, en el que se incluya una exención o bonificación de las tasas, dado que tenemos que soportar diariamente la llegada de residuos de más de 70 municipios que suman cerca de 2 millones de habitantes de la región”. En su línea se mueve el PP, que piensa que será necesario exigir "contraprestaciones económicas, reducciones en las aportaciones por la gestión de residuos y reclamaciones junto a los municipios afectados".