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El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa; y otros 10 alcaldes de la región, han aprobado un texto dirigido a modificar la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de conseguir que las ciudades tengan la iniciativa a la hora de declararse como zonas de mercado residencial tensionado y, de esta manera, exista la posibilidad de actuar sobre el mercado inmobiliario para facilitar el acceso a la vivienda.

Este texto se someterá a aprobación por parte de todos los plenos de los diferentes municipios durante el mes de noviembre. Como ha señalado el alcalde, Javier Corpa, «Queremos que la vivienda sea un derecho, y no un negocio; y que los vecinos puedan acceder a ella en condiciones dignas».

El texto se acordó por la Comisión de alcaldes y alcaldesas constituida para ese fin y a la que se han añadido los ayuntamientos de Pinilla del Valle y San Martín de la Vega. Estos municipios se unen a los de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Ciempozuelos, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio.

La Comisión de alcaldes y alcaldesas ha procedido a la aprobación de la exposición de motivos y del texto de la iniciativa legislativa para regular la declaración de zonas tensionadas en la Comunidad de Madrid.

Dichos documentos serán ahora aprobados durante el mes de noviembre por los diferentes plenos municipales de forma que la iniciativa se eleve a la Mesa de la Asamblea de Madrid.

Los alcaldes y alcaldesas han coincidido en la necesidad de que salga adelante esta iniciativa con el objetivo de que las administraciones públicas puedan cooperar a la hora de intervenir en el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía. Por el momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha negado de manera sistemática a declarar zonas de mercado residencial tensionado tal y como está previsto en la Ley estatal por el derecho a la vivienda.

En ese sentido, se han mostrado convencidos de que esta iniciativa, impulsada por municipios que representan a alrededor de 900.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid, será debatida en la Asamblea de Madrid.