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El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a clausurar la planta de proceso de residuos que se actuaba sin licencia y sobre terrenos protegidos próximos al río Jarama. El equipo de Gobierno local, liderado por Narciso Romero, procede al cierre de las instalaciones meses después de la publicación de la sentencia judicial que confirmaba la ilegalidad de la planta.

El partido Izquierda Independiente, que ya denunció la situación hace unos meses, se ha hecho eco de la noticia, y ha recordado que el responsable de Urbanismo, Miguel Ángel Martín Perdiguero, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación. Y es que, frente a las irregularidades en el funcionamiento de la planta, el Ayuntamiento inició un expediente de clausura que se hizo efectivo en enero de 2020. Con todo, el concejal y vicealcalde Perdiguero anuló la clausura de las instalaciones, adoptando una decisión que llevó a la formación liderada por Juan Torres a denunciar el caso ante la fiscalía de medioambiente.

Desde Izquierda Independiente consideran que el concejal "de forma arbitraria ha permitido una utilización del suelo contraria a los intereses generales, y más teniendo en cuenta que comporta una degradación del territorio, del suelo, de los recursos naturales y del paisaje". ¿Ha cometido prevaricación Perdiguero? Los tribunales no se han pronunciado respecto a ello y, en el momento de los hechos, el Ayuntamiento declaró encontrarse a la espera de un informe de la Asesoría Jurídica que esclareciese la legalidad de la actuación de Perdiguero; aunque no se ha hecho público el contenido de este informe, lo cierto es que el Consistorio ha cambiado su postura con respecto al mantenimiento planta, que finalmente será clausurada. Desde Izquierda Independiente celebran esta noticia, y hablan de "rectificación del gobierno del PSOE y Ciudadanos".

Cabe destacar que las instalaciones se incendiaron el verano del año pasado, provocando daños en el espacio natural y afectando al aire de nuestra ciudad durante los días en los que las llamas se mantuvieron activas.

Sobre esta polémica, Juan Torres ha declarado que “la no clausura en su momento de la actividad ha sido calificada como discutible por el propio juez, que ha resuelto que la actividad sí era ilegal y no tenía licencia y que ha calificado como discutible la suspensión cautelar de la clausura de la actividad. Creemos que esta decisión de mantener la actividad fue arbitraria y ha supuesto una degradación del territorio, del suelo, de los recursos naturales y del paisaje por lo que estamos contentos de que el gobierno haya rectificado. Cabe recordar que esta planta se incendió en verano de 2021, lo que provocó daños medioambientales y de calidad del aire”.