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Miguel Ángel Martín Perdiguero tiene una cita en el juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas el próximo 2 de octubre.

El ex vicealcalde y actual portavoz de Vecinos por Sanse deberá declarar ante el juez por el 'Caso Biocompost' para que el magistrado determine si hubo o no delito de prevaricación administrativa, tal y como establece la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Alcalde contra el ahora edil.

Desde SoydeMadrid.com hemos informado sobre esta trama legal desde sus inicios, cuando Izquierda Independiente presentó la denuncia ante las acciones de Perdiguero "permitiendo la actividad de una planta de residuos en el terreno protegido del Rio del Jarama" donde, además, no se contaba con la licencia necesaria.

Tras ponernos en contacto con Miguel Ángel Martín Perdiguero desde este medio, el concejal nos habla sobre un dictamen del TSJM donde apunta que no contaba con competencias para cerrar la planta de residuos, por lo que "se desestima que haya cometido delito de prevaricación urbanística", sentencia.

Apunta que lo que el juzgado quiere comprobar es si hay prevaricación administrativa, "muy diferente a la prevaricación urbanística", por lo que "de haber algún responsable, sería otra persona que tuviera competencias".

Perdiguero entiende que la querella "no debería ir contra mi persona" y exime su responsabilidad reiterando la falta de competencias en la materia.

No obstante, para conocer bien lo ocurrido, debemos remontarnos hasta el año 2016. En la propia denuncia recogida por la Fiscalía, puede leerse cómo Biocompost de Restos Vegetales S.A solicitó al Ayuntamiento en ese año la licencia de actividad para el acopio y la trituración de restos vegetales.

El problema residía en que el terreno en el que se encontraba ubicada la planta tenía la clasificación urbanística de 'Suelo No Urbanizable de Especial Protección'. De este modo, se debía asegurar la concesión de la licencia municipal, que contase además con la calificación urbanística de la Comunidad de Madrid.

Una condición que quedó en el aire, ya que el expediente municipal se suspendió hasta que en 2019 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se opuso a la solicitud.

En 2020, y a raíz de la resolución preceptiva y vinculante, el Jefe de Sección de Licencias y Actividades del Ayuntamiento de Sanse propuso no solo denegar la licencia, sino también clausurar la actividad que se estaba llevando a cabo hasta el momento. Así, Perdiguero resolvió de la misma forma el proceso, como concejal de Urbanismo y vicealcalde.

La empresa, que no estaba de acuerdo con la decisión, presentó un recurso de reposición pidiendo la suspensión cautelar de la orden. Perdiguero y un técnico municipal, también querellado, acordaron finalmente la suspensión solicitada, argumentando que la ejecución inmediata podría causar un "perjuicio irreparable" a la empresa.

La Fiscalía Provincial avisó en su momento de que la decisión se tomó permitiendo el funcionamiento ilegal de esta planta de residuos e incumpliendo el deber legal del Ayuntamiento de clausurar su actividad, ya que además carecía de licencia.

En 2021, el recurso de reposición fue desestimado, pero la empresa lejos de rendirse interpuso de nuevo un recurso contencioso-administrativo volviendo a solicitar la suspensión cautelar, concedida por el técnico y Perdiguero, apunta la querella.

En septiembre de 2022 el Juzgado Contencioso-Administrativo número 21 de Madrid dictó sentencia desestimando el recurso y mostrando su sorpresa ante las acciones de Miguel Ángel Martín Perdiguero y el técnico mencionado.

En la denuncia se recoge cómo el 1 de noviembre de 2022 se informó desde la Asesoría Jurídica de la Sección de Licencia de Actividades municipal que la clausura había perdido toda virtualidad, aplazándose ante nuevas alegaciones de la empresa. No es hasta el 28 de noviembre cuando se produce el cierre definitivo tras la insistencia de la Asesoría Jurídica.

En su momento, el ex vicealcalde respondió a las acusaciones apuntando que por aquel entonces, sobre el mes de marzo, "no tengo ningún tipo de diligencia abierta en ningún juzgado, ni notificación alguna de que haya procedimiento abierto contra mi persona".

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