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El partido local ha anunciado que llevará a los tribunales al gobierno local de PSOE y Ciudadanos “por incumplir la ley para beneficiar al RACE”. Finalmente, la denuncia se ha hecho efectiva y el Juzgado ha dado plazo para su presentación.

El Circuito del Jarama (RACE) carece de licencia de actividad y funcionamiento desde su construcción en 1967 pero, en verano de 2022, el gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos le otorgó dicha licencia. Ese fue el detonante para que Izquierda Independiente presentase un recurso ante la Junta de Gobierno municipal con el fin de exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística, la normativa de impacto ambiental y pedir solución a los problemas que sufren las viviendas de las zonas próximas.

Tal y como informa, Izquierda Independiente descubrió que “el gobierno de los señores Romero y Perdiguero había ocultado informes de la Comunidad de Madrid, documentos que les hacían responsables de la situación. Este hecho obligó a Miguel Ángel Martín Perdiguero a rectificar sus declaraciones anteriores”.

Por otro lado, la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid obliga a la alcaldía a suspender inmediatamente la actividad, siempre y cuando se esté realizando sin licencia conforme a dicha ley.

El partido verde señala que justo eso es lo que ocurre con el RACE. Sin embargo, “el alcalde Narciso Romero hizo caso omiso de la advertencia del partido local; lo que, a su entender, podría suponer connivencia con los propietarios del circuito”.

Desde el ayuntamiento, alegan que no consta ni solicitud ni concesión de la obligada licencia al Circuito del Jarama. Por esta razón, hace tiempo que se requirió al RACE, como titular, la regularización de la legalidad urbanística, sobre todo teniendo en cuenta las molestias que sufren los vecinos próximos.

Por eso, desde Izquierda Independiente alegan que “es sorprendente que la Junta de Gobierno municipal, encabezada por el alcalde del PSOE, Narciso Romero, haya concedido la licencia 55 años después de su construcción. Y, sobre todo, que lo haya hecho sin respaldo legal, en contra del informe inicial del entonces jefe de licencias municipal, utilizando una artimaña legal como es el silencio administrativo positivo y sin pedir informe a los servicios jurídicos del ayuntamiento”.

En conclusión, toda esta cuestión será investigada por el juzgado a raíz de la denuncia del partido local que, según informa, está en contacto directo con los vecinos afectados.

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